los enunciados de los documentos tienden a engañar y sólo en la letra pequeña se pueden apreciar las diferencias en los planteamientos ideológicos sobre los que pivotan. Una de las cruzadas en las que se ha embarcado el Gobierno Vasco es la de transmitir en los centros escolares la importancia del respeto a los derechos humanos y la gravedad de la conculcación de las libertades. Hasta ahí, objetivos loables que entrarían dentro de los parámetros de los valores que debe impulsar cualquier gobierno -de hecho, el impulso inicial de la iniciativa procede del consenso parlamentario de la anterior legislatura-, si no fuera porque el cuerpo docente vasco, al igual que en el resto de las comunidades, lleva aplicando la asignatura Educación para la Ciudadanía desde que se aprobó en 2006, en medio de una involución de los sectores conservadores hasta el punto de que algunas comunidades gobernadas por el PP abogaron directamente por la objeción de conciencia. De ahí que deberían ir con cuidado las dos formaciones que sostienen el Ejecutivo de Patxi López ya que cualquier plan que se quiera implantar en las aulas que hable de valores y de derechos debería contar con la implicación -o al menos un mínimo conocimiento previo- de un profesorado que ya está ejerciendo esta tarea y a quien, además, se le supone una posición ética a la hora de transmitir contenidos. Lo contrario, además de falso, sería cuestionar la tarea que desempeñan miles de docentes día a día en colegios e ikastolas. Por el momento, la preocupación se extiende en la comunidad educativa, no ya por la politización o no que pueda ocultarse tras los borradores a los que han tenido acceso, sino por la falta de información por parte, en este caso, del Departamento de Educación. Los primeros mensajes de Isabel Celaá sobre su firme decisión de implantar sí o sí este plan se han visto matizados ante la fuerte controversia que ha generado y la propia Celaá intenta aplacar las críticas diciendo estar dispuesta al acuerdo "hasta el último día". En la misma línea, el PSE-EE ha reconducido su discurso hacia posturas de mayor flexibilidad. Todo ello ha desembocado en una ampliación del plazo de alegaciones para los grupos. Y es que, al igual que la complicidad de la comunidad educativa resulta imprescindible para que este Plan cumpla su objetivo, no lo es menos el deseable consenso político.