DICEN los expertos en la materia que la corrupción en las instituciones políticas y de representación mina y debilita la democracia, genera desconfianza entre la población que comienza a alejarse del sistema democrático. (...) Es evidente que lo sucedido la semana pasada en Álava, con la detención de 8 personas vinculadas, presuntamente, con un caso de corrupción en relación de forma directa con la Diputación foral supone un claro desgaste de la legitimidad social, no sólo del Gobierno del señor Agirre, sino también en la institución propiamente dicha.

La corrupción trae consigo una falta de confianza en la institución y en el propio sistema democrático que en este país ya esta lo suficientemente dañado, no sólo por los casos de corrupción destapados, sino también por la percepción que entre la ciudadanía existe de que las instituciones democráticas son un nido de corruptelas y corruptos. Lejos de ser esta percepción producto de ilusiones sociales creadas artificialmente e interesadamente por movimientos anti sistema, lo cierto es que en tiempos de crisis como la que vivimos esta sensación es aún mayor.

Desde el movimiento por los derechos sociales Elkartzen queremos aportar varios factores de análisis que nos lleven no sólo a explicar este fenómeno sino a proponer la toma de medidas que conduzcan a un cambio del modelo de democracia que actualmente nos rige.

Como ya he señalado en tiempos de crisis la confianza en las instituciones y en los políticos se reduce hasta el punto de generar una sensación de corrupción, aunque los casos que salgan a la luz sean contados y se solucionen en primer termino con declaraciones de tolerancia cero por parte de los dirigentes políticos. Lo cierto es que esta sensación tampoco es casual. Surge de un distanciamiento cada vez mas evidente de la clase política con respecto a la sociedad y a sus demandas. Comportamientos políticos y la gestión que estos hacen de los problemas sociales mas acuciantes favorece también la sensación de corrupción. Como ejemplo la política de vivienda que lejos de solucionar los problemas de acceso a ella de mucha población, la hacen cada vez mas complicada. La sensación que deja la actuación de el Ayuntamiento y del Gobierno Vasco en esta materia es que más que garantizar el derecho a una vivienda digna se esta alimentando al gran lobby de la construcción. Casos de presunta corrupción en materia de vivienda ya hemos tenido en Vitoria Gasteiz, pero mucho nos tememos que puede haber mas, aunque no se destapen.

Otro factor a tener en cuenta, y más en tiempos de crisis, sería la terrible disparidad de salarios entre la clase política y la población en general. Tenemos que recordar que el alcalde de la ciudad cobra mas de 83.000 euros anuales cuando la mayor parte de la población apenas llega a los 1.000 euros mensuales. No es un debate demagógico. Estas diferencias tan exageradas proporcionan una imagen de que el que entra en política lo hace con el fin de enriquecerse y no de servir a la vida pública. Por mucho que los políticos se congelen el sueldo y que los salarios aumenten un mísero 2% las diferencias son exageradas y suponen otro factor de deslegitimación de la clase política y de la democracia representativa. Sería mas correcto un ajuste salarial a la baja de los políticos y cargos públicos y la garantía de una renta social que situe los ingresos de todas las personas por encima del umbral de pobreza, que Elkartzen fija en 1.080 euros al mes.

La aptitud de la clase política en la elaboración de los Presupuestos también supone un incremento de la sensación de corrupción en la sociedad. Se reduce la partida en gasto social, se reducen las ayudas a las asociaciones que trabajan en salud y consumo y en cultura. En este punto es necesario recordar que el Presupuesto que se va aprobar en Gasteiz recibe el apoyo del PNV con la condición de que se persiga el fraude en el acceso a las AES. Es curioso que sea el mismo partido al que están vinculados los ocho detenidos por presunta corrupción. A Elkartzen le gustaría ver por parte de los jeltzales que se condiciona del mismo modo el apoyo al Presupuesto con, la persecución del fraude en materia de vivienda, por ejemplo.

La elaboración del Presupuesto está alejada de la ciudadanía, que se queda al margen de las decisiones de cómo se gestiona el dinero de todos y todas. Esto nos lleva a una conclusión: la democracia representativa genera en su contra una deslegitimación por corrupción del propio sistema. Se hace necesario caminar hacia modelos de participación directa de la ciudadanía a través del movimiento asociativo, fomentar la participación social activa y el establecimiento de medidas de control de la clase política mas allá de las propias elecciones regulares. Fomentaríamos así la cultura democrática y fortaleceríamos la democracia como sistema de gobierno popular, alejándonos de la demagogia democrática y del populismo.

Es necesario un cambio social y del modelo de democracia. De la democracia representativa a la democracia participativa para frenar la corrupción.