Hace tres años se aprobó una de las leyes más importantes que ha tenido este país en mucho tiempo: la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de la Dependencia. Esta ley estaba llamada a ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar pero, a día de hoy, algunas comunidades autónomas están interesadas en posponer su aplicación argumentando motivos económicos. Esta situación plantea una discriminación social propia de ciudadanos españoles de primera, segunda, e incluso de tercera clase en función de su lugar de residencia. Nadie elige ser dependiente; pero la realidad es que en España actualmente hay más de 2 millones de personas, de las que 800.000 sufren la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Estos ciudadanos precisan de ayudas y apoyo para poder desarrollar una vida digna, y con este objetivo se fraguó esta ley, garantizando la igualdad y la equidad en el acceso a los recursos.
Ante esta injusticia, no me puedo estar callado. La Ley de la Dependencia es una norma estatal de aplicación autonómica. Las comunidades autónomas son también Estado, y su obligación es dar la cobertura suficiente y adecuada a sus ciudadanos y, para ello, han de ser capaces de optimizar y racionalizar los recursos disponibles. Es inadmisible argumentar motivos económicos para retrasar su implantación cuando somos testigos de cómo los gobiernos autonómicos destinan ingentes dotaciones presupuestarias a otros asuntos más vistosos y superfluos con meros fines electorales.
No me quiero callar. Por todo ello, y a pesar de que en algunos puntos de la geografía española sus dirigentes se empeñen en lo contrario, desde la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias queremos apoyar a todas las personas susceptibles de acogerse a los beneficios y recursos de esta ley, de modo que vean reconocidos sus derechos y satisfechas sus necesidades sin importar su sexo, edad, condición social o lugar de residencia.
