NUESTROS gobernantes han entrado con sorprendente facilidad a legislar, y por tanto sancionar, lo que piensan los ciudadanos. Ojo, no se trata de lo que hacen, de actos que tienen consecuencias en terceras personas, sino de juicios morales, valoraciones sobre tal o cual comportamiento de otro u otros. Lo peor es que todo está ocurriendo con la complicidad de muchos que alardean de pedigrí democrático y visten disfraces de defensores de la libertad. Con la excusa de impedir a la izquierda abertzale ilegalizada cualquier posibilidad de presentarse a las próximas elecciones, el Gobierno ha modificado diferentes textos legales que sólo conducen a un ridículo callejón sin salida y que, creo no equivocarme, se considerarían profundamente retrógrados hace, por ejemplo, 30 años. ¿Acaso nos estamos volviendo locos? ¿Alguien puede aceptar que se le quite a un electo su condición, sea de alcalde, diputado, parlamentario o concejal, si no demuestra su rechazo al terrorismo? ¿Hay alguna palabra clave que todos los ciudadanos de bien deban aprender? ¿Cuál tiene más valor, y, por tanto, otorga el carné de persona aceptable: repudio, rechazo, aborrecimiento, condena...? Si de lo que se trata es de que a las instituciones sólo lleguen gentes de intachable comportamiento moral y con unos valores éticos de catecismo, que le den el volante a Rouco Varela y conduzca el país como le venga en gana. Si no es así, la insensibilidad, la justificación de la violencia y la cobardía deberían seguir siendo miserias humanas, pero no argumentos legales.
