eL Gobierno de Zapatero aprobó ayer una nueva vuelta de tuerca en la devaluación de los derechos civiles, políticos y democráticos de los ciudadanos en este país. Para más bochorno, lo hace como respuesta a la presión que viene ejerciendo en las últimas semanas el PP y a las últimas soflamas alarmistas y agitadoras del anacrónico Mayor Oreja. Una confusa normativa destinada, en realidad, a controlar las mayorías en los ayuntamientos y entidades forales en función de los intereses partidistas y electorales de los dos grandes partidos bajo el pretexto de impedir que ETA se cuele en las instituciones. No hay un solo argumento nuevo que avale este salto cualitativo respecto a la actual Ley de Partidos -más allá de que vuelve a vulnerar principios y valores de la Constitución por su arbitrariedad y discrecionalidad- que no sea la evidente necesidad de perpetuar una situación electoral artificial para que ambos partidos sigan manteniendo el control de las instituciones vascas aun a costa de forzar la expresión electoral de la realidad sociopolítica vasca. Es evidente que la persistencia de ETA en el asesinato, el chantaje, la violencia de persecución y la amenaza supone una antidemocrática excepcionalidad en Europa, pero lo es también en ese mismo contexto europeo el uso de medidas que merman la libertad en nombre de la seguridad para combatir el terrorismo. Además, esa vía tiene un doble efecto perverso para la propia democracia: sitúa a ETA y sus apoyos políticos permanentemente en el eje del debate político, pese a que la sociedad hace tiempo que le ha derrotado social y políticamente. De hecho, su renuncia unilateral y definitiva al uso político de la violencia no ya es ya una condición para cualquier nuevo escenario, sino sobre todo la pauta de credibilidad para la supervivencia de la minorizada izquierda abertzale ilegalizada. Y deja al albur de los intereses partidistas de quienes controlan el poder político y judicial qué personas sustituyen, a posteriori, los concejales supuestamente contaminados pese a estar en plenitud de sus derechos civiles y políticos, y ello ya expresa en toda su crudeza el déficit democrático. No es una cuestión de lucha antiterrorista, sino simple pugna por el poder político. Y lo que es peor, se utiliza a ETA como excusa.