Hace unos días la prensa nos despertó con una serie de titulares sobre el reconocimiento por parte de Israel de haber utilizado fósforo blanco en enero de 2009 durante los bombardeos y la incursión en Gaza. Su uso contra la población y bienes civiles está prohibido por las normas consuetudinarias de Derecho internacional humanitario, de obligado respeto y cumplimiento por parte de Israel, y constituye una grave violación del Derecho internacional y un crimen de guerra que se suma a la larga lista de violaciones cometidas por el Gobierno israelí ante la pasividad de la comunidad internacional.
En 2004, la Asamblea General de la ONU recordaba en su Resolución ES-10/15 que, según el artículo 1 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, todos los estados miembros tienen la obligación "de hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario".
Somos muchos los que hace tiempo que nos preguntamos dónde están esos estados miembros y qué hacen para cumplir los compromisos que asumen firmando resoluciones internacionales. Ante la indiferencia de nuestros gobiernos y organismos supranacionales, la conciencia de la sociedad civil responde impulsando iniciativas como el Tribunal Russell sobre Palestina que, apoyado por personalidades de renombre internacional, examinará el grado de responsabilidad y complicidad de diferentes actores en la perpetuación de la ilegalidad.
