En el año 1975, y a sabiendas de que el Tribunal Internacional de Justicia se manifestaría a favor de la independencia del Sáhara Occidental, Hassan II organizó la Marcha Verde. Franco estaba moribundo y Arias Navarro, llevado por intereses económicos, y en contra del artículo 73 de Naciones Unidas y del Ministerio de Exteriores español, sin que ni tan siquiera Franco ni las Cortes tuvieran noticia de ello, pactó con Marruecos.

El comportamiento de Hassan II obedecía a un plan del imperialismo marroquí, donde además se incorporarían otros territorios de Argelia, Mauritania y España.

Sabido esto, me parece un grave error que Zapatero dijese en 2007 que, como base de las negociaciones entre los saharauis y marroquíes, se pueda poner el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, porque además de ser algo creado unilateralmente por Marruecos, en plena democracia se nos devuelve a esa oscura España postfranquista, donde el interés económico prevalecía sobre la aplicación del derecho internacional. A raíz de esto, los marroquíes dicen que España apoya dicho plan.

El plan de autonomía que quiere imponer el rey marroquí no tiene nada que ver con el referéndum de autodeterminación que propugna la ONU, solución que hace justicia al contencioso. Para el actual Gobierno, maniobrar de esta manera era lo más sencillo, pues así se sacudía momentáneamente la presión que el rey marroquí le impone con la emigración. Todo parecía que marchaba, hasta que llegó Aminetu a El Aaiun y las autoridades marroquíes, con su beneplácito pero en contra de su voluntad y saltándose todos los derechos internacionales, pues el Sahara Occidental es un territorio en proceso de descolonización y es ilegal obrar así, la mandan a España.

Con lo que queda demostrado que ceder a las calculadas presiones que nos va imponiendo el rey marroquí, además de ser injusto, nos está perjudicando, pues cada vez obra con menos respeto e incluso se permite la chulería de la amenaza.

Desde Marruecos se intenta vender que su ayuda es la única salida al problema de la emigración. Aquí es donde se debe de implicar la Unión Europea, y sobre todo a Francia e Inglaterra, potencias colonizadoras de los países de donde proceden los emigrantes.

Lo cierto es que hasta que llegó el actual Gobierno aquí nadie había hablado de otra cosa que no fuera el seguir las resoluciones de la ONU para resolver el contencioso. Queda claro que lo que necesitamos es un gobierno que, lejos de financiar programas de abastecimiento de agua potable en el sur de Marruecos por un valor de 500.000 euros, solucione el problema de los ya más de cuatro millones de parados y el del Sáhara Occidental.