LA nueva polémica política desatada a raíz de las decisiones municipales al respecto de la posibilidad de acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) que albergue los residuos producidos por las ocho centrales nucleares en funcionamiento en todo el Estado tiene, evidentemente, un componente electoral. Sólo así se entiende que determinados partidos se hayan posicionado en claro contraste con lo que han venido manteniendo hasta hace escasas fechas respecto a la implantación y desarrollo de ese tipo de energía como solución a las carencias energéticas e incluso a los problemas medioambientales y el calentamiento global. CiU, por ejemplo, ha decidido no aceptar el cementerio nuclear en Ascó pese a su conocida postura a favor de la energía nuclear. Tiene argumentos de peso. Uno de ellos, que Catalunya ya alberga las centrales de Ascó (I y II) y Vandellós, productoras del 40% de la energía nuclear de todo el Estado, aunque ese mismo razonamiento coloca a Ascó como lugar ideal para situar el ATC por cuanto evitaría el transporte de la mitad de los residuos generados. El PP, reconocido pronuclear, ha llegado incluso a expedientar al alcalde de Yebra (Castilla-La Mancha) por sacar adelante la moción solicitando albergar el almacén de residuos. Y en el PSOE, el ahora presidente de la Generalitat, José Montilla, ha anunciado que no tolerará la instalación en Ascó del cementerio nuclear... a pesar de que fue él quien aprobó la construcción del ATC en su etapa como ministro de Industria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, toda esa polémica, como el propio debate sobre la conveniencia o no de la apuesta por la energía nuclear, se sustenta en la histórica ausencia de determinación por el Gobierno del Estado a la hora de diseñar una política energética clara. Ahora y antes. No se trata de quién quiere instalar en su término municipal el almacén nuclear y abrir una nueva polémica entre municipios, sino de determinar claramente si para este Gobierno la energía nuclear es la apuesta energética más rentable. El propio Zapatero descartó (junio de 2008) la energía nuclear y apostó por las renovables (marzo y septiembre de 2009), que incluyó en su el cajón de sastre de la Ley de Economía Sostenible (noviembre de 2009).
