LOS residuos radiactivos de alta actividad son un producto inevitable de las centrales nucleares. La industria nuclear los ha producido continuamente sin saber qué hacer con ellos durante sus 50 años de existencia. Son un producto muy peligroso, debido a su elevado potencial radiotóxico y a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años. Por ejemplo tendrán que pasar 482.000 años para que el plutonio-239 que se encuentra en estos residuos deje de ser radiactivo. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha calculado el coste de su gestión en España: sólo hasta 2070, supondría más de 13.000 millones de euros de dinero público, sufragado mayoritariamente por los ciudadanos a través del recibo de la luz.
A la vista de estos datos, resulta obvio que los residuos radiactivos suponen un problema de primer orden de magnitud, desde el punto de vista social, medioambiental y económico. Por ello, cualquier persona sensata no podría dejar de aplaudir lo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo en el Debate del Estado de la Nación celebrado el 30 de mayo de 2006 en el Congreso de los Diputados: "(...)Y paralelamente también está el tema de los residuos [radiactivos], que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe su señoría, es un problema de hondo calado".
Sin embargo, el pasado 29 de diciembre, en medio de las fiestas de Navidad, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, entrando en la más absoluta contradicción con esas palabras de Zapatero, puso en marcha un proceso para la búsqueda de un emplazamiento en el que instalar el cementerio nuclear centralizado para los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas, y un centro de experimentación nuclear al que Enresa y el Ministerio denominan, eufemísticamente, Centro Tecnológico Asociado y sobre cuyas características no se ha informando con la concreción debida.
Un proceso en el que el Ministerio de Industria, tentando a los alcaldes con dinero público (de los fondos de Enresa), ha tratado de conseguir la candidatura de varios ayuntamientos para albergar ese cementerio nuclear, sin importar si esos municipios han tenido en cuenta la opinión de sus vecinos, la de los pueblos de su entorno, y la de sus comunidades autónomas. El ministro Sebastián ha optado por un procedimiento que ignora el sentir de la ciudadanía, desprecia a la sociedad civil e incluso a las comunidades autónomas (para Sebastián, la opinión de un presidente de autonómico es "irrelevante"), y, en suma, prescinde de lograr un verdadero acuerdo social y territorial.
De hecho, si algo ha quedado claro en estas últimas semanas en relación con el cementerio nuclear, ha sido el rotundo rechazo social que éste ha suscitado y la ausencia total de consenso territorial y político al respecto. Ni en Castilla-La Mancha, ni en Cataluña, ni en Castilla y León, ni en la Comunidad Valenciana, las comunidades autónomas donde se han surgido un pequeño puñado de candidatos.
A pesar del fracaso del proceso seguido por el ministro Sebastián, el presidente Zapatero sale al paso, el 26 de enero, para decir que "el Ejecutivo seguirá con el procedimiento iniciado" y que "la decisión ha de tomarse por consenso". A ver cómo se digiere eso. De nuevo la imposible cuadratura del círculo que siempre propone Zapatero cuando tiene una patata caliente entre las manos, aunque al final no le salga ni un cuadrado, ni un círculo ni nada que se les parezca, como pasó en el caso de la decisión tomada en 2009 sobre la central nuclear de Garoña.
Greenpeace considera que el Presidente Zapatero debería ser coherente y paralizar este proceso absurdo y antidemocrático emprendido por Sebastián. Con la idea de buscar un verdadero consenso social sobre la gestión de residuos radiactivos, consenso que únicamente podrá alcanzarse poniendo sobre la mesa previamente un calendario de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares, que son las que producen los residuos radiactivos.
