EN estos días en los que a nivel político importa más la imagen que los hechos y cuando quienes nos gobiernan en la CAPV se encuentran embadurnando de normalidad algo que no lo es -léase, festejos de la Constitución española, acudir a desfiles militares del Estado español, celebrar el Estatuto y proclamar su fecha de aprobación como día de Euskadi?-, no vendría mal que el Gobierno se pusiera manos a la obra para acabar con una de las mayores anormalidades institucionales que existen, que es la falta de una legislación autonómica propia que regule, la para mí y por su cercanía también para muchos ciudadanos, institución más importante, los ayuntamientos.
Porque en estos tiempos que corren de crisis, en todos los aspectos, cada día que pasa para muchos ayuntamientos, el pagar una factura es un ejercicio de imaginación del interventor, secretario u otro técnico de turno. Ya que, como explicaré a continuación, el tema competencial-financiación municipal debe ser uno de los grandes temas a abordar por esa ley.
Para empezar, conviene recordar que existe una normativa básica estatal y su desarrollo reglamentario. Por lo cual, la nueva Ley Municipal tiene que venir a aportar soluciones y completar lo que ya existe y a innovar en lo que no. Con esto quiero decir que lo que es básico lo es y por lo tanto no lo repitamos y hagamos un texto denso y farragoso.
De esta manera, conviene mejorar y adaptar a los tiempos actuales todo lo relativo a la organización y el funcionamiento de los entes locales; el tema de los grupos políticos, grupos mixtos y concejales no adscritos (por desgracia, por estos lares estamos teniendo bastante experiencia en la disolución de grupos), el régimen económico tanto de liberaciones como de los grupos, el funcionamiento de los órganos municipales, etc., dejando margen a la autoorganización local, pero estableciendo en esas materias un marco normativo para que no se den situaciones dispares en según qué ayuntamientos.
Pero, sobre todo, remarcaría la necesidad de abrir los ayuntamientos a la ciudadanía-vecindario. Todavía hay ayuntamientos donde no se permite la participación ciudadana en comisiones y plenos. Y sin duda se deben recoger fórmulas de participación ciudadana en las dos materias claves de la vida municipal: los presupuestos y la planificación urbanística.
A partir de ahí, el eje central sobre el que debe girar la futura Ley Municipal debe ser la delimitación de competencias y la correspondiente financiación.
Hoy en día, además de las competencias atribuidas a los ayuntamientos, éstos vienen ejerciendo otra serie de competencias impropias, que aun siendo competencia de otras instituciones, al ser la institución más cercana a la ciudadanía y la primera puerta a la que los vecinos acuden, se ven obligados a cubrir. Se deben fijar las funciones de los ayuntamientos y un cuadro de reparto competencial claro para saber dónde empieza la competencia municipal y dónde acaba. Exigiéndose a la normativa sectorial que, cuando establezca competencias institucionales, explicite el reparto competencial y, sobre todo, las dotaciones presupuestarias necesarias para su desarrollo.
Es por ello que con el tema competencial se enlaza el de la financiación municipal. Los ayuntamientos no pueden ser el último mono institucional. La futura Ley debe contener un capitulo especifico para la financiación y establecer la participación paritaria con el resto de instituciones en el Consejo Vasco de Finanzas. En este apartado, ante los problemas competenciales que se pudieran dar con lo recogido en la Ley de Territorios Históricos, será necesaria la búsqueda del encaje jurídico de la ley municipal y la LTH. Eudel ya ha propuesto fórmulas como la incorporación de la nueva ley en la LTH, sea cual fuere la fórmula. Si existe una unanimidad política en la importancia vital de los ayuntamientos en nuestro entramado institucional, querer mantener los privilegios de algunos reinos de taifas por encima de un apoyo a los ayuntamientos sería muy difícil de entender por parte de la ciudadanía. También, y tratándose como se trata de gestionar los intereses de los ciudadanos, pero también su dinero, creo totalmente necesario la inclusión de auditorías económicas externas, que cuanto menos debieran ser anuales para municipios de más de 25.000 habitantes, para que posteriormente el Tribunal Vasco de Cuentas tuviera mejor definidas cuáles son las áreas sobre las que conviene incidir a la hora de analizar posible irregularidades.
Por último, un aspecto que debería darse por hecho, pero que viendo los tiempos que corren, es absolutamente necesario. El recoger expresamente como lengua propia de la administración local el euskera. Sin perjuicio para quien quiera relacionarse con la administración en los dos idiomas oficiales, pero recogiendo lo que establece el artículo 6 del Estatuto, que el euskera es la lengua propia del Pueblo Vasco, y trasladándolo a la administración local. Esperemos que de esta forma el euskera pase a ser herramienta de trabajo en los ayuntamientos y no como hoy en día, la mayor carga de trabajo para empresas traductoras.
Es por ello que reivindicamos que no pase ni una legislatura municipal mas sin una ley que dote a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para poder responder a la ciudadanía de una manera eficaz y ágil ante los problemas cotidianos. Mas allá del no me toques esta competencia, tan escuchado a las diputaciones, si es verdad que los ayuntamientos son vitales en nuestro entramado institucional, y no creo que esto lo ponga nadie en duda, demostrémoslo y hagamos un ejercicio de responsabilidad para sacar del agujero económico y burocrático en que se encuentra sumida la institución más cercana al pueblo.
