EL proyecto de creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha incluido en la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, por la que dicha comisión podría cortar la conexión a Internet de quienes acceden a contenidos protegidos por derechos de autor o bloquear las web que los alojen sin el debido permiso, ha levantado tal revolución en la red que ayer mismo la vicepresidenta De la Vega confirmó lo que el propio Zapatero había adelantado con urgencia unas horas antes: el Gobierno cambiará la polémica disposición final, es decir, que se abrirá un debate para hallar una fórmula que garantice la protección de la propiedad intelectual y los derechos de los internautas, que ayer se manifestaban en varios puntos del Estado. No cabe duda de que la regulación del tráfico de contenidos en Internet es una necesidad que otros países, como Francia, Alemania o Gran Bretaña, también han tratado de resolver mediante medidas punitivas incluso más duras que las que proyectaba el Gobierno, pero tampoco se puede obviar que la fina línea que separa la protección de la propiedad intelectual del derecho a la libre expresión y comunicación invita a que los legisladores hagan gala de una extrema prudencia y una especial transparencia al respecto. Sin embargo, en esta batalla un tanto improvisada ha faltado claridad y cautela política; de hecho, ni siquiera se había tomado en consideración a todas las partes en litigio, algo que se va a realizarse ahora. En todo caso, la polémica desatada por el proyecto de la ministra Ángeles González-Sinde, que ha sido desautorizada tanto por el presidente como por el titular de Justicia, Francisco Caamaño, saca a la luz una vez más el grado de improvisación en el que se mueve el Ejecutivo y la falta de consenso interno entre sus propios componentes. Y en esta guerra por la protección de los derechos de autor, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha dado un paso más con la denuncia a la Junta Administrativa de Santa Cruz de Campezo por la música de sus fiestas. Sus responsables aseguran que este caso es una excepción, que en Álava y en Euskadi no suelen tener problemas, aunque a veces ellos mismos se los inventan innecesariamente.