SI en este país hay un sector que necesita un cambio radical del actual modelo económico ese es el nuestro: el transporte de mercancías por carretera. Un cambio de modelo para garantizar el futuro del transportista autónomo en el sector, y para garantizar un transporte al servicio de la sociedad y no a costa de ella.
A día de hoy, en Euskal Herria como en el resto de países europeos, las políticas que se están aplicando al transporte tienen como objetivo principal conseguir un transporte de mercancías barato que sostenga un sistema económico globalizado, en el que las empresas puedan trasladar su producción de un país a otro y, a pesar del costo del transporte, ahorren. Este modelo radicalmente neoliberal necesita transportar al precio más bajo posible hasta las zonas de consumo todas las mercancías que se han fabricado en países que aplican políticas de costes mínimos en términos laborales, sociales, medioambientales y fiscales. Las empresas necesitan que las ganancias de la deslocalización no se pierdan por el camino, no vaya a ser que el ahorro en costes laborales y sociales se convierta en un aumento de la factura del transporte.
Para evitar que el coste de traer y llevar mercancías sea un obstáculo para la globalización, los gobiernos europeos han diseñado políticas que garantizan que el transporte sea lo más barato posible, a costa de los y las trabajadores. El sector de los transportes se ha liberalizado, y en lo que a la carretera se refiere, se han sacrificado los derechos sociales y laborales de miles de transportistas en el altar del libre mercado. ¿Qué mejor manera de asegurar la disminución de precios que imponer la ley de la selva en un sector compuesto mayoritariamente por pequeños transportistas autónomos? La liberalización del transporte de mercancías por carretera se ha hecho a base de alimentar conscientemente la insolidaridad entre los transportistas, fomentar la guerra de precios y el canibalismo, apoyar la competencia destructiva, y convertir al transportista en un moderno esclavo, sin ninguna capacidad de negociar con el cliente, y sometido al chantaje permanente de un precio que por sí solo no da para vivir.
Paralelamente, se han ido creando otro tipo de estructuras empresariales más cómodas para el sistema, proliferan los intermediarios que hacen de jugar con los precios su gran negocio, y se ha extendido la subcontratación: las cargas se compran y venden sin control, y sin tener en cuenta que en muchas ocasiones el precio del viaje baja a costa de utilizar mano de obra subcontratada en países con menores recursos, a los que se explota sin compasión.
En este panorama la precariedad se ha convertido en ley, y el transportista autónomo no puede ganar esa partida. El actual modelo económico tiene como consecuencia ineludible la desaparición del transportista autónomo.
Sin embargo, el profesional de la carretera no es la única víctima del sistema de transporte actual. Los flujos del transporte se han multiplicado, los camiones se han convertido en almacenes rodantes, y las mercancías van de aquí para allá recorriendo miles de kilómetros sin ningún sentido. Tal y como señala un informe realizado por el Instituto alemán de Wuppertal en 1993, los diferentes ingredientes necesarios para la fabricación de un envase de yogur de fresa -desde la leche a las fresas pasando por el recipiente- acumulan 3.500 kilómetros antes de reunirse, aunque todos ellos podrían haberse producido en menos de 80 kilómetros. También conocemos el periplo de los langostinos daneses, enviados a través de los Pirineos hasta Marruecos, donde son pelados a bajo precio, retornando luego a Dinamarca, desde donde partirán hacia sus lugares de comercialización.
Esta locura que hoy colapsa las carreteras provoca graves impactos sobre el medio ambiente y la vida de las personas, mientras todos los gobiernos europeos miran conscientemente a otro lado. El actual modelo de transporte al servicio de una economía globalizada tiene un coste altísimo que se está obligando a pagar a toda la sociedad: Exige la construcción de grandes infraestructuras de alta capacidad (autovías y autopistas, trenes de alta velocidad, superpuertos, ampliación de aeropuertos, nuevas vías navegables, instalaciones de transporte combinado...), cuya financiación recae sobre el ciudadano. Además, estas nuevas infraestructuras provocan la disminución de suelo fértil, acentúan la pérdida de biodiversidad, incrementan las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y agravan la elevada siniestralidad del tráfico viario.
El crecimiento de los kilómetros a recorrer por las mercancías es imparable, como lo es el coste que van a tener que pagar por soportar este modelo económico los y las profesionales del transporte y toda la sociedad en su conjunto.
Ante esta situación la responsabilidad de HIRU como sindicato de transportistas autónomos es doble. Por un lado, es nuestra obligación seguir defendiendo los derechos sociales y laborales de los y las profesionales autónomos, garantizar su futuro en el sector poniendo en marcha todo tipo de instrumentos a su servicio, y hacer frente a las políticas que tratan de borrarnos del mapa. Por otro lado, como transportistas autónomos que vivimos y trabajamos en Euskal Herria, es nuestra obligación hacer causa común con los y las trabajadoras de este país que defienden un cambio del modelo económico y social. En este sentido, junto con los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, y EHNE hemos presentado un Decálogo de Medidas Urgentes para Luchar contra la Crisis, que tiene como base la defensa de un modelo económico y social justo, solidario, equitativo y sostenible. Desde estas líneas te invitamos a apoyar este decálogo con tu firma. ¡Firma por un transporte digno!¡Firma por tu futuro!