Una red de ayuda para que nadie quede atrás

Iñigo Camino
Periodista y director de Deia (2009-2012)

Las políticas de protección social implementadas por EAJ-PNV, desde la RGI hasta las últimas medidas contra el covid-19, son reconocidas más allá de nuestras mugas y entroncan con la doctrina social-cristiana del lehendakari Agirre e incluso con un Sabino Arana sensible a las injusticias sociales

EL desaparecido consejero José Ignacio Arrieta hubiera sido, tal vez, la persona más apropiada para escribir este artículo. Bajo el liderazgo del lehendakari Ardanza, Arrieta puso en marcha en los años 80 del siglo pasado las bases del actual sistema vasco de protección social. En el marco de aquella dura crisis económica, las instituciones lideradas por el PNV fueron pioneras en el Estado, y también en Europa, en el despliegue de una red de ayuda hacia los colectivos más vulnerables con el embrión de lo que hoy son la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) o las AES (Ayudas de Emergencia Social).

Estas herramientas para tratar de no dejar a nadie atrás han sido también complementadas durante la actual crisis socioeconómica provocada por la pandemia con nuevas medidas diseñadas para quienes quedan fuera del sistema de protección, con iniciativas innovadoras como Azken Sarea Indartzen y otros programas del fondo Inor Atzean Utzi Gabe lanzados por el Gobierno del lehendakari Urkullu.

En el fondo de estas políticas de marcado carácter social subyace una tradición de décadas en el seno de EAJ-PNV que se remonta a la inspiración social-cristiana que siempre marcó la forma de entender la política de la generación de Agirre, precursor también de un modelo más democrático de empresa, con su ejemplo al frente de la fábrica familiar Chocolates Bilbaínos-Chobil.

La concepción social progresista de Agirre, Landaburu o Irujo, inspirados en Maritain o Mauriac, se ratificó con la aprobación de la ponencia de Sodupe

humanizar la economía Esta concepción social progresista de Agirre, Landaburu o Irujo –inspirados en el pensamiento humanista de Maritain o Mauriac– fue ratificada, no sin un enriquecedor y duro debate, al producirse la legalización del partido con la aprobación, en la Asamblea Nacional de Iruñea de marzo de 1977, de una avanzada ponencia socioeconómica liderada por Kepa Sodupe. “El Partido Nacionalista Vasco estima que democracia política y democracia económica implican conceptos inseparables, considerando que la aplicación simultánea de estas dos ideas es indispensable para una configuración justa y democrática de la sociedad”, se podía leer en aquellos planteamientos socioeconómicos, basados en la necesidad de “democratizar y humanizar la economía”, que nos marcaron a las nuevas generaciones de militantes de EAJ-PNV.

Si Xabier Arzalluz nos influyó a las y los entonces jóvenes con sus planteamientos políticos e identitarios, nuestro inolvidable Jesús Insausti Uzturre cinceló nuestras conciencias con su solidaria concepción de la política y su rotunda afirmación de que “liberación social y liberación nacional eran inseparables”. Uzturre siempre trató también de transmitirnos su admiración hacia un Sabino Arana sensible a las injusticias sociales.

“Díganlo los barracones de las minas”, escribía el fundador de EAJ-PNV. “Díganlo esos millares de obreros que, sin más retribución que un mezquino jornal, trabajan sin descanso, día y noche, y días laborales y festivos. Todos sabemos que hoy el pobre es inhumanamente explotado y tratado como bestia por industriales y comerciantes, mineros y propietarios. El capitalismo como tal no quiere saber nada de las miserias, sangre y lágrimas de seres humanos, con los que amasa el oro que guarda en su caja fuerte. Nunca se ha visto aún desplegar la fuerza armada contra los capitalistas, que se obstinaron en sostener sus beneficios, siempre y únicamente contra los obreros que solicitaron aumento de jornal”.

125 años de un movimiento interclasista y popular “Desde los 15 años”, recordaba Uzturre, presidente del EBB y de la Fundación Sabino Arana, “ya teníamos esa inquietud social. De no haber sido por el nacionalismo, de no haber creído en ciertos ejemplos –como creí en Agirre, en Aitzol o en el diputado Irazusta–, yo hubiera terminado siendo socialista o anarquista. Creí en una serie de gentes que demostraron con su conducta que hay otros caminos por donde se puede ejercer bien la inquietud y la inspiración social”.

Aquella generación antifranquista recordaba el lema con que el PNV se presentó en las polarizadas elecciones de febrero de 1936: “Por la civilización cristiana, la libertad vasca y la justicia social”. Uzturre y sus coetáneos cantaban también aquel estribillo de sus años mozos: “No queremos a Gil Robles, ni tampoco a Valladares, queremos a José Antonio Agirre con sus doctrinas sociales”.

Y les gustaba rememorar cómo del seno de la Comisión de Acción Social del BBB surgió la necesidad de asociar a los obreros vascos que, en julio de 1911, daría paso a la fundación de Solidaridad de Obreros Vascos, en el marco de un movimiento popular e interclasista.

‘Uzturre’ cinceló conciencias con su solidaria concepción de la política y su afirmación rotunda: “Liberación social y liberación nacional son inseparables”

Este carácter ha marcado la trayectoria de estos 125 años. “En nuestro movimiento”, recogía Uzturre palabras de Agirre, “hay un fondo innegable de justicia, un clamor de muchedumbres que piden una renovación de esta sociedad hipócrita y podrida, donde se quema aquello que hace falta a los que se mueren de hambre”.

Y Uzturre seguía parafraseando al lehendakari Agirre para dejar claro que “a nosotros el avance social ni nos asusta ni lo tememos”, propugnando un “programa de profundo y renovador sentido social.”

Varias décadas después, avanzado ya el siglo XXI, las instituciones lideradas por el PNV siguen poniendo en marcha avanzadas políticas progresistas.

Los servicios sociales, apuesta de futuro

Jose Antonio Suso
Presidente del Araba Buru Batzar

Los servicios sociales son un instrumento clave para promover la igualdad de oportunidades y una sociedad vasca justa y cohesionada, facilitando apoyos para la integración social con la mayor autonomía posible a quienes los precisan y en cuantas etapas de la vida los precisen.

En este ámbito, como en otros, la responsabilidad pública se ha ido ampliando en un proceso jalonado, desde la Transición, por tres leyes autonómicas. En 1982, sentando las bases de esta competencia en una ley pionera; en 1996, ordenando una red que crecía en cooperación con la iniciativa social; y en 2008, con la Ley 12/2008 de 5 de diciembre de Servicios Sociales, que consolida un sistema vasco de servicios sociales integrado por prestaciones, servicios y equipamientos de titularidad pública y privada concertada (mixto) y descentralizado, participando en su gestión Gobierno, diputaciones y ayuntamientos. También reconoce el acceso a sus 38 servicios y 5 prestaciones económicas como un derecho subjetivo de ciudadanía.

Hemos pasado de concebir los servicios sociales como una red residual a entenderlos como un sistema de apoyo universal

En unas décadas, hemos pasado de concebir los servicios sociales como una red residual –para quienes tienen dificultades– y asistencialista –orientada a cubrir necesidades básicas– a entenderlos como una red o sistema de apoyo universal para la integración social a personas con necesidades, aspiraciones y capacidades, un derecho ciudadano y el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Y a la institucionalización en centros como recurso principal a la atención centrada en la persona y preferentemente en el domicilio. Los servicios sociales son materia de competencia exclusiva. Entre 2011 y 2018, teniendo en cuenta que hasta 2017 no llegamos a recuperar los niveles de recaudación de 2007, el gasto público corriente en el sistema vasco de servicios sociales aumentó más de un 20%, situándose en torno a los 1.100 millones de euros. Pero no podemos conformarnos. En la próxima década, desafíos sociales como la longevidad o el impacto social de la pandemia reclaman un impulso renovado.

Un impulso orientado, principalmente, a reforzar la atención a personas en situación o riesgo de exclusión y a transformar el modelo de cuidados, necesariamente con enfoque de género. Transformarlo implica promover un nuevo equilibrio del cuidado institucional (profesional) y familiar, reforzando el primero, así como impulsar la atención, primaria y secundaria, a quienes residen en su domicilio.

Además, es necesario transformar la atención residencial, avanzando hacia un modelo cada vez más personalizado e integrado en la comunidad, similar a la vida en un hogar. Debemos asimismo mejorarla, a la luz de la experiencia de la pandemia, y sostenerla para responder a tendencias como el aumento de las demencias.

Las personas seguirán en el centro de nuestras políticas en un entorno más digital pero siempre relacional y comunitario

El reto es profundizar en el modelo comunitario que establece la ley promoviendo una atención centrada en la persona –en sus necesidades, capacidades, aspiraciones– y con su participación, próxima –en su domicilio/comunidad o integrada en el entorno en los centros residenciales–, integral, continuada y descentralizada –adaptada a cada contexto–, al tiempo que se refuerzan las funciones de coordinación y gobernanza colegiada del sistema, avanzando también en la coordinación socio-sanitaria. El contexto social reclama también impulsar un salto en la digitalización de los servicios sociales, sin perder de vista la relación interpersonal como núcleo de la intervención.

Saldremos de esta crisis, extrayendo sus lecciones. Las personas seguirán en el centro de nuestras políticas en un entorno cada vez más digital, pero siempre relacional y comunitario. Y responderemos a los nuevos desafíos reforzando lo público y lo común, pero siempre desde la colaboración entre sectores, multiplicando. Gizarte zerbitzu publikoak gizarterako eta gizartearekin.