Quito - El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, designó mediante un decreto ejecutivo a dos altos mandos militares en sustitución del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del comandante general del Ejército, al concluir once días de protestas y disturbios en los que tuvo que intervenir el Ejército. En un comunicado el Ministerio de Defensa informó de que Moreno nombró mediante el decreto 895 rubricado ayer al general de división Luis Lara Jaramillo como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y a través del decreto presidencial 896 nombró al general de brigada Luisa Altamirano Junqueira comandante general del Ejército, con responsabilidad sobre las fuerzas terrestres en Ecuador. El boletín concluye agradeciendo los “servicios prestados” a los mandos que dejan sus funciones, el general de división Roque Moreira y el general de división Javier Pérez, que “han cumplido con profesionalismo tan altas funciones dentro de la institución militar”.
El Ministerio de la Defensa no ofreció más detalles acerca de las circunstancias de los nuevos nombramientos, que se producen un día después de que el Gobierno ecuatoriano derogara el polémico decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, consecuencia de los ajustes que pidió el FMI tras un millonario préstamo al país y que desató once días de protesta del movimiento indígena y otros actores sociales. El Ejército tuvo que intervenir en esta crisis social y política al decretarse el 3 de octubre el estado de excepción en todo el país, para garantizar la seguridad, habilitar vías que fueron cortadas, proteger instituciones públicas y estratégicas, además de garantizar el suministro de recursos básicos.
El sábado el mandatario decretó un toque de queda en Quito y los valles vecinos así como la militarización de la capital, medida que quedó en suspenso de facto el lunes tras alcanzarse un acuerdo entre el Ejecutivo y el liderazgo indígena.
El lunes, Ecuador retomó la normalidad una vez que el Gobierno y los líderes de los indígenas movilizados llegaron en la noche del domingo a un acuerdo que puso fin a las protestas, muchas de ellas de de un nivel de violencia nunca antes visto en Ecuador Una vez recobrada la normalidad, ayer miles de estudiantes de colegios y escuelas retomaron sus actividades tras varios días de suspensión como medida de prevención para velar por la seguridad de los alumnos. Mientras tanto, un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictaba una orden de prisión preventiva para la prefecta (máxima autoridad) de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, en relación a posibles actos delictivos registrados durante las protestas sociales días atrás.
Acusada de ‘Rebelión’ En su cuenta de Twitter la Fiscalía General del Estado informó de que el juez formuló cargos contra ella y otros dos procesados por el presunto delito de rebelión durante las protestas, y que la instrucción fiscal se prolongará noventa días. Previamente el órgano fiscal había presentado elementos probatorios de su posible participación “en un plan desestabilizador con financiamiento extranjero” y el “uso del edificio de la Prefectura para estos fines”, indicó. Lenín Moreno había acusado a Rafael Correa de dirigir la revuelta desde Venezuela junto a Nicolas Maduro, extremo desmentido por el expresidente desde Bélgica, país donde reside.
Las autoridades de Ecuador detuvieron el lunes a Pabón sin precisar las razones de la decisión, que ocurrió pocas horas después del fin de las protestas. La Fiscalía indicó que tras las investigaciones y con el apoyo de la Policía, fueron detenidos, además de Pabón, Christian G, y Pablo D. “En los allanamientos, se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación”, añadió.
Pabón, dirigente correísta, denunció por su parte que el allanamiento se produjo en su domicilio de madrugada y que “derribaron la puerta mientras dormía”, al tiempo que aseguró que la detención se practicó “sin pruebas”. La prefecta aseguró ser víctima de una “persecución a opositores políticos”, al conocerse su afinidad y lealtad al expresidente Rafael Correa. “Esto es una afectación a los derechos humanos, esto es persecución política. Mi único delito es ser militante de la Revolución Ciudadana”, denunció Pabón en referencia a la agrupación política afín a Correa, que reside en Bélgica. En días pasados, Pabón y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, intercambiaron mensajes vía Twitter en los que la ministra amenazaba a la prefecta con represalias cuando finalizaran las protestas. - Efe
