el capítulo más reciente en la saga de las drogas norteamericanas lo han protagonizado dos laboratorios, Johnson and Johnson (J&J) y Purdue que han de responder por el enorme aumento en el consumo de ciertas drogas en los últimos 20 años.

En el caso de J&J, la multa que le han aplicado de momento es baja relativamente al valor de la empresa, que se sitúa entre 60 y 342 mil millones de dólares, según uno aplique el valor teórico de liquidación o el de capitalización en el mercado de valores: el juez ha pedido 572 millones de dólares y el laboratorio de momento ha apelado la sentencia.

Para Purdue, la situación puede ser mucho más grave porque comercializa uno de los analgésicos opioides más populares, de forma que las multas pueden dar al traste con la empresa e incluso arruinar a sus propietarios, la familia Sackler.

La sentencia fue recibida a bombo y platillo, con las habituales intervenciones de familiares de personas muertas por sobredosis, que acusan a los laboratorios. Y ciertamente, las medicinas recetadas para controlar el dolor han producido hábito en algunos enfermos, pero lo que no queda muy clara es la relación causa-efecto: Estados Unidos tiene un problema de drogas desde hace muchos años, el consumo aquí es varias veces mayor que en cualquier otro lugar del mundo y los analgésicos opiáceos son simplemente un producto más en una larga lista.

Basta con ver algunas cifras: en estados como Alabama, el número de recetas supera el de habitantes y algo semejante ocurre en otros lugares que, lamentablemente, se hallan a la cola del desarrollo económico del país. Es evidente que las recetas van a parar a personas que no las compran para aliviar el dolor y ni siquiera para su uso personal, sino para revenderlas y ampliar así su negocio basado en drogas.

Fármacos como Oxycontin, comercializadas por Purdue, han creado una dependencia todavía mayor y nadie duda de que algunas personas comenzaron a tomarlas por consejo médico y se convirtieron en adictos al fármaco más tarde, pero su número probablemente no es muy alto y la gran mayoría son personas que han encontrado una forma de comprar drogas que ni siquiera son ilegales. Ahora, incluso tienen un chivo expiatorio al que acusan de su narco dependencia.

Y aún menos claro es el resultado de las compensaciones. Estos cientos de millones, que probablemente se convertirán en miles, no van a parar a las víctimas de las medicinas que provocan dependencia, sino a los abogados que han litigado contra los laboratorios.

Es una práctica habitual: los damnificados por cualquier producto van “a medias” con los abogados, pero esta media no suma el 50%, sino unas migajas: los abogados cobran la parte mayor, otra parte va a cubrir los gastos jurídicos y, lo que sobra, se reparte entre miles o decenas de miles de personas.

Así se han hecho grandes fortunas, con consecuencias tan beneficiosas para los abogados como inútiles, o incluso perniciosas para la práctica médica. Así, por ejemplo, los jueces se dejaron convencer para condenar por negligencia a ginecólogos y hospitales por no haber hecho cesáreas en muchos casos y, a causa de ello, muchos bebés nacieron con parálisis cerebral.

El líder de esta campaña fue un abogado con grandes aspiraciones políticas: John Edwards quien, después de forrarse los bolsillos con este tipo de pleitos, fue candidato presidencial en el año 2004 y en el 2008 fue el compañero de campaña de John Kerry, pues Edwards habría sido su vicepresidente.

La fortuna la había hecho años antes con sus pleitos contra médicos y hospitales: infundió tal temor en los centros hospitalarios que el porcentaje de partos con cesárea ha aumentado espectacularmente (más de un tercio de los partos), pero el porcentaje de niños con parálisis cerebral sigue siendo el mismo de siempre.

Otro tanto ocurre con pleitos contra diversos productos: el cliente perjudicado recibe un bono para comprar algo con un pequeño descuento, mientras que los bufetes ingresan millones. En muchos casos, el damnificado recibe cantidades próximas a los 50 euros o, como ha ocurrido también varias veces, absolutamente nada. En uno de estos pleitos, por ejemplo, contra Facebook, los abogados se llevaron 3 millones de dólares y el resto fue a una organización caritativa.