Washington - El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, reconoció ayer “serias irregularidades” en la prisión donde estaba el millonario Jeffrey Epstein, hallado muerto en su celda el sábado en una cárcel federal en Nueva York, tras haber sido acusado de trafico sexual de menores. “Ahora hemos sabido de serias irregularidades en estas instalaciones que son profundamente preocupantes y pedimos una investigación completa”, dijo Barr.

El fiscal general prometió que las autoridades llegarán “al fondo de lo que ocurrió y habrá rendición de cuentas”, y subrayó que tanto el FBI como la del Inspector General llevan a cabo pesquisas sobre lo sucedido.

Barr destacó la importancia de este caso no solo para las víctimas que” tuvieron el coraje de dar un paso al frente y merecían la oportunidad de enfrentarse al acusado en el juzgado”, sino también para él mismo, el Departamento de Justicia, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York y para los agentes del FBI que estaban preparando el juicio. “Déjenme asegurarles que este caso continuará contra cualquier cómplice de Epstein”, indicó Barr en relación al caso que llevó al millonario a ser detenido y agregó que ningún colaborador del acusado descansará tranquilo.

El fiscal general concluyó que “las víctimas se merecen justicia y la tendrán”. Según medios de comunicación locales, que citan fuentes cercanas al caso, los abogados de Epstein solicitaron a finales del mes pasado a las autoridades de prisiones que retiraran a su cliente del programa para la prevención del suicidio, a pesar de un supuesto intento de suicidio el pasado 23 de julio.

‘Conspiración’ La muerte repentina y en extrañas circunstancias del magnate ha hecho que circulen numerosas teorías conspiratorias sobre su fallecimiento debido a los personajes con los que se relacionaba el millonario, como el expresidente Bill Clinton (1993-2001), el príncipe Andrés, duque de York, o el actual mandatario de EEUU, Donald Trump. Epstein ya había afrontado acusaciones similares en el estado de Florida en 2008, aunque entonces llegó a un acuerdo con el fiscal Acosta, posteriormente secretario de Trabajo en la Administración de Trump y que tuvo que renunciar a este cargo por el escándalo desatado por un pacto secreto ocultado a las víctimas. - Efe