Wadi Humus (Cisjordania) - La casa a la que el palestino Akran Yawahda iba a mudarse con su familia se convirtió ayer ante sus ojos en una montaña de escombros, cuando Israel inició la primera demolición masiva que lleva a cabo en un barrio bajo jurisdicción exclusivamente palestina. Yawahda comenzó a construirla en 2014 con los permisos de edificación pertinentes de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gestiona el vecindario de Wadi Humus, con una compleja administración, ya que, aunque linda con Jerusalén Este, no quedó anexionado en 1980 como el resto de la ciudad.

El derribo de 12 edificios con más de 70 viviendas “es algo muy peligroso”, valora Walid Ashaf, jefe de la Comisión de Resistencia del Muro y los Asentamientos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), por los precedentes que, asegura, establecen. Se trata de la primera demolición que Israel ejecuta en zonas declaradas A y B, cuya planificación y Administración Civil, según los Acuerdos de Oslo, recaen en la ANP -excluyendo las que se llevaron a cabo en operaciones militares como en la Segunda Intifada (2000-2005) y las demoliciones de represalia de viviendas de atacantes palestinos-, explicó Ashaf.

Además, es el mayor número de apartamentos y viviendas con orden de demolición desde la ocupación de los territorios palestinos en 1967, que afecta a más de 350 familias, cuyas residencias estaban levantadas o en construcción, y desplaza forzosamente a una veintena de personas que ya vivían allí.

“Demasiado cerca del muro” Israel alega que los edificios están demasiado cerca de la valla de separación que construyó, con lo que violan una normativa militar de 2011 que prohibía edificar a 250 metros de distancia, y constituyen por tanto un problema de seguridad, lo que ha sido ratificado por la Corte Suprema israelí.

Las agencias de Naciones Unidas en territorio palestino recordaron ayer que el Tribunal de Justicia Internacional consideró en 2004 ilegal esta valla, que atraviesa el área de Wadi Humus dividiendo el barrio y cercando una carretera a la que no queda acceso directo. La Unión Europea pidió detener las demoliciones, que incluyó en la política de asentamientos de Israel, como los traslados forzosos, desalojos y confiscaciones de viviendas, prácticas “ilegales de acuerdo con el derecho internacional”, recordó.

Desde las cuatro de la mañana de ayer (01.00 GMT), las fuerzas del Ejército y la Policía israelíes fueron evacuando a los residentes y cerrando las zonas cercanas a la demoliciones a uno y otro lado de la valla metálica eléctrica. Mientras excavadoras demolían las construcciones menores, se colocaron explosivos en el interior de los edificios más altos, “de un total de doce, y en dos bases de cimentación de edificios” a derribar, según explicó el COGAT, el organismo militar israelí que gestiona la ocupación. El titular de Asuntos Estratégicos israelí, Guilad Erdán, enfatizó que las demoliciones fueron aprobadas por la Corte Suprema.

En la oficina del presidente palestino, Mahmud Abás, calificaron el hecho como una “masacre israelí” y lo consideraron parte de la implementación del llamado “Acuerdo del Siglo” que elabora la Administración estadounidense del presidente Donald Trump y que, a su entender, “busca liquidar la cuestión palestina”.

Ashaf coincide en que el objetivo de estas demoliciones es político y pretende “aislar completamente Cisjordania de Jerusalén para dejar la ciudad como la capital israelí”. “Israel actúa por encima de la ley y continuará llevando a cabo más demoliciones y confiscando tierras. No quiere un Estado palestino, quieren desplazarnos por la fuerza”, consideró.

A esta zona rupestre, que se extiende en Jerusalén Este y el distrito cisjordano de Belén, se mudan cada año más palestinos jerosolimitanos, ante la imposibilidad de adquirir permisos de construcción en la parte oriental de la urbe, cuya municipalidad controla Israel desde la anexión.

“La imagen (la montaña de escombros) lo expresa todo. Destruyeron la esperanza de nuestra vida y volvimos a cero”, lamentó Yawahda, quien, además, tendrá que pagar a Israel el coste de la demolición, que todavía no sabe a cuánto asciende.