Bruselas - La Unión Europea ha consolidado con el Mercosur otro hito en su política comercial que se suma a los acuerdos conseguidos con Canadá y Japón en los últimos años, que sin embargo se antojaba utópico por los 20 años de negociación que ha precisado y las férreas líneas rojas de los europeos en agricultura. Abrir las puertas al “granero del mundo”, como fuentes diplomáticas calificaban al mercado formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, implicaba riesgos para los productores europeos que desde el principio de la negociación vinieron advirtiendo de que había que velar por sus intereses.
Los primeros intercambios de ofertas de acceso a mercados, prometidos como inminentes desde que las negociaciones se retomaron en 2010 tras haber estado estancadas desde 2004, tardaron otros seis años en llegar dado lo sensible que la industria agroalimentaria es para los dos bloques. Finalmente, como en toda gran negociación comercial, los asuntos más sensibles agroalimentarios solo se resolvieron al final y gracias a una maratoniana semana de reuniones a nivel técnico, pero también político en Bruselas.
Francia encabezaba las advertencias, junto a otros grandes productores de carne, como Irlanda o Polonia. La solución ha sido “equilibrada”, según explicó el viernes el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, quien reconoció no obstante que la UE tuvo que hacer “significativas concesiones”. Las cuotas establecidas a lo largo de cinco años para la carne de pollo y vacuno y el azúcar parecen haber satisfecho a los países europeos, que podrán exportar sin aranceles vinos y lácteos, especialmente quesos, sometidos estos a cuotas, además de ver protegidas 370 indicaciones geográficas en el Mercosur.
“Este acuerdo es el mayor que la UE ha concluido jamás y finalmente abrirá un mercado de 266 millones de consumidores que quieren tener acceso a bienes y servicios europeos a precios competitivos”, celebró ayer la patronal europea, BusinessEurope.
Europa ingresará sin aranceles productos de sectores clave, como automoción, maquinaria, químicos o farmacéuticos, antes fuertemente gravados. Las cámaras de comercio europeas, representadas en Eurochambres, también habían urgido a “aprovechar la oportunidad” y cerrar el acuerdo.
Desde Osaka (Japón), donde participaban en la cumbre del G20, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el de Argentina, Mauricio Macri, al frente de la presidencia pro tempore del Mercosur, ensalzaban el acuerdo en una apoteosis del libre comercio que chocaba con el proteccionismo propugnado por su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Han hecho falta “muchos líderes con buena voluntad para transformar esta realidad”, según destacó Macri, aludiendo a la confluencia, tras 20 años, de mandatarios dispuestos a llegar hasta el final de la negociación, incluido el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pese a las dudas que suscitó sobre su apoyo al acuerdo al llegar al cargo.
Con el acuerdo con el Mercosur, la Comisión Europea ha cerrado su tercer gran tratado comercial durante su mandato de cinco años, que concluye a finales de octubre. El del Mercosur permitirá a los exportadores europeos ahorrarse 4.000 millones de euros anuales en aranceles, mientras que el sellado con Japón se queda en 1.000 millones y el logrado con Canadá, en 600 millones.
Entre los detractores del acuerdo, en todo caso, se situaban las organizaciones agrarias y cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca), que veían inasumible el impacto acumulativo del pacto considerando otros acuerdos comerciales existentes y previstos. También organizaciones ecologistas como Greenpeace denunciaron que la UE realizara acuerdos comerciales que “benefician a grandes empresas que codician oportunidades de exportación”.
La Comisión Europea ha asegurado, no obstante, que el acuerdo garantiza que todos los firmantes cumplan los más altos estándares laborales y medioambientales, incluido el acuerdo de París contra el cambio climático. En el caso de Brasil, eso implica el compromiso de detener la deforestación ilegal de la Amazonía y reforestar 12 millones de hectáreas para 2030 y, por parte de la UE, de reducir sus emisiones nacionales al menos en un 40 % para 2030.
