Managua - Carlos Fernando Chamorro, director de un grupo de medios de comunicación registrados en las últimas horas por la Policía de Nicaragua, denunció ayer la “confiscación” del edificio donde trabajan las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche.
Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), dijo a los periodistas que agentes irrumpieron a la fuerza sus oficinas la madrugada de este sábado, 24 horas después de haber sido allanada, y expulsaron a los vigilantes.
“Eso es una ocupación de facto, una ocupación ilegal, una toma militar”, denunció Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot.
La Policía también registró y ocupó por la fuerza la ONG Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas), fundada por la activista nicaragüense-costarricense Ana Quirós, expulsada a Costa Rica el 26 de noviembre pasado. Esa ONG informó ayer de que agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía Nacional llegaron en la noche del viernes a bordo de camionetas y microbuses, expulsaron a los vigilantes y “tomaron posesión” de las oficinas de Cisas.
El Parlamento de Nicaragua, controlado por los sandinistas, despojó de la legalidad a Cisas por presuntamente “haber incumplido gravemente sus obligaciones legales” y sus estatutos, así como haber “desnaturalizado” su personalidad jurídica”, “alterar el orden público”, “desestabilizar el país” y “afectar la seguridad ciudadana”. El Gobierno de Nicaragua informó de que los bienes incautados a las nueve ONG pasan a la administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo. Los organismos son Cisas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia y Hagamos Democracia. También a las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias , Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación y la Fundación Popol Na. “Estos organismos incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento, y violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de golpe de Estado”, como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales, señaló el Ministerio de Gobernación, que apuntó a esos organismos de promover “terrorismo, crímenes de odio, y de alentar y celebran la destrucción de propiedades públicas y privadas. - Efe
