México - Tras más de cuatro años sin saber el paradero de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014, el caso Ayotzinapa tomó ayer un nuevo impulso con el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se compromete a indagar en las líneas de investigación hasta ahora no exploradas. El mandatario firmó en Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, el decreto presidencial para la verdad en el caso Ayotzinapa, el primero desde que el pasado sábado arrancara su Administración.

Mientras lo hacía, los padres de los estudiantes hicieron una cuenta en voz alta del 1 al 43 y corearon el que ha sido su grito de guerra desde el 26 de septiembre de 2014, fecha en la que desaparecieron sus hijos: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Para los familiares, el decreto supone una nueva etapa, después de que el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, diera recientemente carpetazo simbólico al caso diciendo que el expediente -desmontado por expertos internacionales, entre ellos el vasco Carlos Martín Beristain- arrojó pruebas “claras y contundentes”. No obstante, el nuevo gobierno pretende “investigar los hechos ocurridos en Iguala a fondo, con objetividad e imparcialidad, para esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche y quiénes fueron los responsables” para que respondan ante la justicia “sin importar el cargo que ocupaban entonces”, aseveró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La titular de Interior indicó que esperan tener resultados “en un plazo razonable”, y que para ello se integrará una Comisión que contará con todos los “recursos materiales, humanos y científicos que sean necesarios”. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien estará al frente de este nuevo órgano -en el que también participarán familiares, representantes del Gobierno y técnicos-, dijo que la Comisión se instalará en un plazo que no superará los 30 días hábiles.

En esta nueva fase de la investigación se tendrá libre acceso a aquellas instalaciones en las que se considera que pueden encontrarse “personas desaparecidas o vestigios relacionados con ellas”. Esta es una clara referencia al 27 Batallón De Infantería de Iguala, en el que, hasta el momento, no se ha podido entrar a pesar de que hay sospechas de que el Ejército jugó un rol, por acción u omisión, la noche de los hechos.

Asimismo, Encinas señaló que “no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con la violación de derechos humanos o delitos lesa humanidad”. La Comisión, agregó, diseñará una serie de lineamientos para “la implementación de beneficios y medidas de protección” destinadas a aquellos que “proporcionen información que permita el esclarecimiento de los hechos”. - Efe