BRUSELAS. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Manuel Campos Sánchez-Bordona ha dictaminado este martes que Reino Unido puede frenar "unilateralmente" su salida de la Unión Europea, sin contar con el visto bueno de los Veintisiete, una opción que hasta ahora han rechazado tanto Londres como el bloque comunitario.
En sus conclusiones, el abogado español propone al Tribunal con sede en Luxemburgo que declare que el artículo 50 del Tratado de la UE --la cláusula con la que se activó el proceso de divorcio-- "admite la revocación unilateral" de la notificación que presentó Londres y que puso en marcha la cuenta atrás por la que Reino Unido quedará automáticamente fuera del bloque el 29 de marzo de 2019.
Además precisa que la posibilidad de revocarlo persiste "hasta el momento en el que se concluya" el Tratado de Retirada, que ya han negociado Londres y Bruselas, pero que está aún pendiente de la ratificación por los Parlamentos británico y europeo.
Para armar su dictamen, el abogado general ha tenido en cuenta el artículo 68 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual las notificaciones de retirada de un tratado internacional "pueden ser revocadas en cualquier momento antes de que surtan efecto".
Entre sus argumentos, además, señala que, de acuerdo al proceso que marca el artículo 50 del Tratado, el Estado miembro notifica su "intención", no su "decisión" de abandonar la UE, pudiendo variar dicha intención.
También alerta de que rechazar la revocación unilateral de Reino Unido implicaría en la práctica la "salida forzada" de la UE de uno de sus Estados miembro, que sigue siendo parte del bloque a todos los efectos.
En este sentido, el dictamen advierte de que "sería ilógico forzar a dicho Estado miembro a retirarse de la Unión para que luego tuviera que negociar su adhesión" y rechaza de plano que sólo los Veintisiete puedan decidir de manera "unánime" parar la separación.
El abogado general considera que aceptar que sea el Consejo europeo quien tenga la última palabra aumenta el "riesgo" de que el Estado miembro en cuestión salga "contra su voluntad" de la UE, ya que el derecho de retirada escaparía "de su control, de su soberanía y de sus normas constitucionales".
Con todo, el abogado apunta "límites" y dice que las condiciones para dar marcha atrás de manera unilateral son que la revocación se haya decidido de acuerdo a las normas constitucionales de Reino Unido, se comunique de manera formal al Consejo y no suponga una "práctica abusiva", según recoge el dictamen de Campos Sánchez-Bordona.
Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes de cara a la futura sentencia, pero los fallos del TUE siguen la línea marcada por los dictámenes en el 80% de los casos.
EL PARLAMENTO BRITÁNICO VOTA EN UNA SEMANA Este asunto está siendo examinado por la Justicia europea bajo el procedimiento acelerado para asegurar una conclusión antes de que se consume la salida automática de Reino Unido, el 29 de marzo de 2019.
La opinión de la Justicia europea se conoce una semana antes de que el Parlamento británico someta a voto la ratificación del acuerdo de retirada, el próximo 11 de diciembre.
La Unión Europea ha apelado a la "responsabilidad" de la Cámara de los Comunes y avisado de que el pacto negociado es el "mejor y el único posible", mientras que la primera ministra británica, Theresa May, también ha dicho que responde a los intereses de los británicos y ha rechazado cualquier fórmula para evitar el Brexit.
El Tratado de la UE contempla la posibilidad de prorrogar la fecha de salida, pero ello sólo como resultado de un acuerdo unánime de los estados miembro.
CONSULTA IMPULSADA POR DIPUTADOS ESCOCESES Sin embargo, el Tribunal Superior escocés (Court of Session) se dirigió el pasado octubre a la Justicia europea para pedirle que aclare si Reino Unido podría revertir el proceso de manera unilateral, tal y como plantean una serie de parlamentarios escoceses.
En una vista celebrada el pasado 27 de noviembre, el abogado de la parte europea, Hubert Legal, defendió que no es posible modificar la fecha de salida de Reino Unido si no es con el visto bueno unánime de los 27.
De lo contrario, añadió el letrado, se podría dar el caso de que un Estado miembro notifique su deseo de salirse de la Unión para buscar mejores condiciones, de tal forma que se pueda "atraer a la oveja notificadora de vuelta al rebaño".
Por su parte, el abogado del Gobierno de Reino Unido, Richard Keen, afirmó que el TUE ni siquiera debería plantearse el asunto, en el que ve "munición política" para los detractores del Brexit.
Mientras, los abogados de los parlamentarios escoceses, Aidan O'Neill, defendió la importancia de que la corte se pronuncie antes del voto en la Cámara de los Comunes para que se puedan tomar decisiones informadas. "Los demandantes necesitan saber las opciones que hay para la revocación", argumentó.
