Ginebra - Investigadores de la ONU confirmaron elementos de “genocidio intencional” por parte de las Fuerzas Armadas birmanas en la operación efectuada hace un año contra la minoría musulmana rohinyá en el estado de Rakáin (oeste del país), y pidieron ayer que sus mandos sean investigados y juzgados por un tribunal internacional.

Una misión de investigación internacional de la ONU compuesta por tres expertos que encabezó el indonesio Marzuki Darusman investigó los presuntos crímenes cometidos por fuerzas militares y de seguridad desde 2011 en los estados de Kachin, Shan y, especialmente, en el norte de Rakáin. Además del “genocidio intencional” en Rakáin, han recabado pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad en los tres estados.

Los expertos instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal ad hoc para juzgar esos crímenes. Mientras tanto, sugirieron, deben imponerse sanciones individuales contra los presuntos responsables identificados y un embargo armamentístico contra Birmania (Myanmar).

En su informe -las autoridades birmanas no les dieron acceso al país-, la misión considera que “los crímenes cometidos en el estado de Rakáin (antes Arakán), y la manera como fueron perpetrados, son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos”.

“Podemos decir que el 25 de agosto (de 2017) los elementos de genocidio estaban presentes, lo que no quiere decir que sea necesariamente la fecha del inicio” del crimen, sostuvo en rueda de prensa el investigador australiano Christopher Sidoti, miembro de la misión de las Naciones Unidas.

El 25 de agosto del año pasado se produjo un ataque de insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y militares en la zona que causó más de un centenar de muertos (la mayor parte guerrilleros) y que desató una nueva campaña militar birmana en la región. Según un informe de Médicos Sin Fronteras, la campaña y acciones posteriores causaron la muerte de al menos 6.700 rohinyás, incluidos 730 niños menores de cinco años, desde el 25 de agosto hasta finales de 2017, y provocó un éxodo de unos 725.000 rohinyás a la vecina Bangladesh, donde permanecen como refugiados.

Los expertos de la ONU consideran a los mandos militares los responsables de los crímenes cometidos durante la campaña militar, empezando por su máximo responsable, el general Min Aung Hlaing. Pero también condenaron a la líder de facto birmana, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, porque “no utilizó su cargo (...) ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakáin”. - Efe

Muertos. Según un informe de Médicos Sin Fronteras, la campaña y acciones posteriores produjeron la muerte de al menos 6.700 rohinyás, incluidos 730 niños menores de cinco años, desde el 25 de agosto hasta finales de 2017.

Desplazados. La campaña militar provocó un éxodo de unos 725.000 rohinyás a Bangladesh.