Fabricar diferentes tipos de armas en casa con una impresora 3D será a partir de hoy una realidad legal en Estados Unidos gracias a un acuerdo judicial que alcanzó en junio el Gobierno del presidente Donald Trump con un grupo proarmas. Defense Distributed, una organización con sede en Texas, anunció sus planes de volver a publicar en su web manuales de instrucciones para reproducir pistolas y rifles en impresoras en tres dimensiones, tras alcanzar un pacto con el Gobierno federal.
Esa fue la conclusión de una batalla legal de cinco años en la que el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) argumentó que esos manuales violaban las leyes de exportación de armas de fuego ante dos jueces federales y de que el Tribunal Supremo se negase a oír el caso. Sin embargo, en una decisión abrupta, el Gobierno de Trump llegó a un pacto en junio con Defense Distributed para permitir a ese grupo texano volver a distribuir las instrucciones de impresión a través de internet, tal y como hizo en 2013 antes de que su actividad fuera bloqueada. Además, el acuerdo estableció que esos tutoriales de impresión están aprobados “para publicación de cualquier forma” y que el Gobierno estadounidense pagará los 40.000 dólares de honorarios legales en que incurrió Cody Wilson, fundador del grupo en el centro de la polémica.
Para la organización Propietarios de Armas en EEUU (GOA, por sus siglas en inglés), este pacto significa “libertad y está acorde con la Segunda Enmienda” de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a portar armas, explicó Jordan Stein, director de comunicaciones de este grupo. “Los que odian las armas siempre quieren centrarse en sus usos ilícitos e ignoran la abrumadora cantidad del bien que hacen. De hecho, las armas de fuego se usan de 16 a 100 veces más a menudo para salvar vidas que para quitarlas”, argumentó Stein.
Uno de los grupos que ha presionado en las últimas semanas para que imprimir armas en casa no sea legal ha sido el Centro Brady para Prevenir la Violencia de las Armas de Fuego. Su director legal, Jonathan Lowy, señaló a Efe que los principales problemas de estas armas son que no tienen número de serie, por lo que son “imposibles de rastrear” y que son de plástico, es decir, “indetectables” para los localizadores de metales de aeropuertos y edificios. “Es obvio que dejar a cualquier persona -terroristas, maltratadores domésticos y gente inestable mentalmente- que descargue e imprima armas es muy peligroso y perturbador”, sentenció.
Los centros Brady y Giffords para Prevenir la Violencia de las Armas de Fuego y la organización Everytown for Gun Safety intentaron la semana pasada, sin éxito, que un tribunal de Texas bloqueara el acuerdo alcanzado entre Defense Distributed y el Gobierno. Los esfuerzos para impedir que la impresión de armas sea posible en EE.UU. se redoblaron el lunes cuando los fiscales generales de ochos estados y del Distrito de Columbia demandaron a Trump por permitir que Defense Dsitributed publique sus manuales. En su demanda, el grupo de fiscales liderado por el del estado de Washington, Bob Ferguson, instó a la Justicia estadounidense a que considere una orden de restricción temporal antes de hoy, cuando Defense Distributed publicará sus archivos.
En medio de la controversia, Trump consideró ayer que “no tiene mucho sentido” que poder imprimir armas 3D en casa esté a punto de convertirse en realidad, a pesar de que ha sido su Administración la que lo ha permitido. “Estoy viendo (el tema de) las armas de plástico 3D que se venden al público. Ya he hablado con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), ¡no parece tener mucho sentido!”, expresó Trump en Twitter, sin dar más detalles, a un día de que esta actividad se legalice en EEUU.
