Managua - Nicaragua veló ayer a los 15 muertos que perdieron su vida en el sangriento Día de las Madres mientras el Gobierno se cobró la primera cabeza política, el titular del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. “El Gobierno de Nicaragua, reiterando su voluntad de continuar trabajando por el fortalecimiento de la institucionalidad, confirma la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, y está pendiente de las decisiones que conforme a la ley corresponden adoptar a la Asamblea Nacional”, indicó la Cancillería en un comunicado conjunto con la Organización de Estados Americanos.

Rivas era un gran aliado político y electoral del presidente Daniel Ortega. La oposición lo acusaba de beneficiar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en cada proceso electoral desde 2008 y diversas investigaciones periodísticas le señalaron por tener una vida supuestamente opulenta que no correspondía con su salario. La renuncia de Rivas se produjo al final de una jornada en la que la incertidumbre y la indignación reinaron en Nicaragua, después de que la violencia y las muertes volvieran a las calles el miércoles a las principales ciudades del país. Tras el nuevo derramamiento de sangre fue el propio Gobierno, a través de la ministra de Salud, Sonia Castro, quien se encargó de arrojar algo de luz sobre las cifras de lo que muchos ya han calificado como una “masacre”.

En diferentes centros de salud públicos y privados “se dio atención a 199 personas que resultaron lesionadas y también tenemos los 15 fallecidos”, señaló la ministra, unos datos que corroboró la Policía, quien precisó que de las 15 muertes registradas siete se produjeron en Managua, tres en Chinandega, tres en Estelí y uno en Masaya. Entre los fallecidos, un adolescente de 15 años, un joven de 18 o el nicaragüense Kevin Antonio Coffin Reyes, medalla de oro en sambo en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017.

van 108 muertos en 44 días El incremento del número de víctimas en las protestas, que ya alcanza los 108 muertos en 44 días, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, colmó la paciencia de muchos nicaragüenses y provocó una contundente reacción de la Conferencia Episcopal (CEN) en su labor como mediadora del Diálogo Nacional. “Los obispos de la CEN condenamos todos estos actos de represión de parte de grupos cercanos al Gobierno y queremos dejar claro que no se puede reanudar la mesa del diálogo nacional mientras al pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúa siendo reprimido y asesinado”. Ante la advertencia de la Iglesia, el Gobierno, a través de su canciller, Denis Moncada, solicitó “a las autoridades que coordinan el esfuerzo del diálogo nacional llamar a la calma y al cese de toda violencia, a fin de continuar trabajando por la seguridad, la justicia y la paz”.

Moncada culpó de “esta situación de violencia delincuencial” a “grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas” que activan “formatos delictivos para aterrorizar a las familias” y negó la existencia de “fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno”. “No podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos”, dijo el canciller mientras reiteró el compromiso gubernamental con la investigación de todos los crímenes y hechos violentos. Por su parte, la Alianza Cívica, que aglutina a los estudiantes y representantes de la sociedad civil y el sector privado, llamó a intensificar las diferentes formas de protesta. - Efe