londres - La primera ministra británica, Theresa May, decidió atacar Siria con misiles mientras los parlamentarios estaban de vacaciones de Semana Santa para evitar tener que pedir permiso y que su propuesta fuese rechazada, como le sucedió a su predecesor, David Cameron, cuando quiso llevar a cabo una acción militar contra el presidente Assad hace cinco años.
Con su rápida decisión de unirse a EEUU y Francia en los ataques aéreos, May evitó ese obstáculo y dio vía libre para que se pusieran en marcha durante la madrugada por “razones de seguridad y operativas”. La conservadora añadió además en rueda de prensa, que la acción fue “legal y la correcta”, en un esfuerzo por detener que el uso de armas químicas “se convierta en la norma”.
Desde Downing Street también ensalzaron que no pretenden en “intervenir en una guerra civil, ni causar un cambio de régimen”, sino que se trata de un ataque coordinado y dirigido para degradar la capacidad del régimen sirio de utilizar armas químicas. Londres alega que el régimen sirio tiene un largo historial usándolas contra su propio pueblo del “modo más cruel y aborrecible”.
En un intento de defender el ataque, la oficina de May publicó un resumen del asesoramiento legal para intentar calmar los ánimos, con tres puntos clave defendiendo su decisión: evidencias convincentes de que existe angustia humanitaria extrema, que no había otra alternativa al uso de la fuerza y que este fue el necesario y proporcionado. El Ejecutivo de May indicó que la medida militar tuvo como objetivo “aliviar el sufrimiento humanitario extremo de los sirios, degradando la capacidad de armamento químico del régimen sirio y evitando su uso futuro”, una posición legal elaborada con el asesoramiento del fiscal general Jeremy Wright y presentada a los ministros del gabinete de May el miércoles.
Además, repasaron cómo el régimen sirio “ha estado asesinado a su propia gente durante siete años”, en un conflicto que ya se calcula que deja más de 400.000 fallecidos, y como su empleo de armas químicas “es un grave crimen de preocupación internacional, pues infringe la prohibición internacional sobre el uso de armamento químico y equivale a un crimen de guerra y contra la humanidad”. Sin embargo, la falta de un consentimiento claro por parte del público británico, despierta el miedo a fuertes protestas en las calles y la pone en una clara disputa, a la que se suma el partido de la oposición.
El líder laborista, Jeremy Corbyn, escribió una carta a la primera ministra en la que definió la acción como “legalmente cuestionable” y la acusó de “verse arrastrada por Donald Trump” para cometer un ataque que podría intensificar el conflicto. De hecho, algunos diputados están enojados por un informe en el que Trump reclamaba una actuación inmediata de Reino Unido, alegando que una demora habría dificultado que May obtuviese la aprobación del parlamento. Corbyn pidió una investigación independiente liderada por la ONU sobre el ataque con armas químicas de la semana pasada y alegó que May debería haber buscado la aprobación parlamentaria antes de lanzar la acción. Para el laborista está claro que “las bombas no salvarán vidas ni traerán la paz”. Desde Escocia, la ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés (SNP) Nicola Sturgeon, fue también muy crítica.
