Jerusalén. Menos de veinte horas después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciase a bombo y platillo un acuerdo con ACNUR para evitar la deportación forzosa de 32.0000 inmigrantes africanos, cedió a las presiones de la derecha y dio carpetazo al pacto, lo que ha desatado aplausos y condenas.
"Después de evaluar ventajas y desventajas, decidí cancelar el acuerdo. A veces se toma una decisión que debe reconsiderarse", admitió Netanyahu tras reunirse hoy con vecinos del sur de Tel Aviv, donde se concentran miles de inmigrantes y solicitantes de asilo.
El pacto alcanzado preveía que 16.250 inmigrantes fueran trasladados a naciones occidentales -en vez de deportados forzosamente a Estados africanos como aprobó en enero el Ejecutivo israelí- y que otros tantos se quedaran en el país, lo que hizo arreciar las protestas de los socios de coalición de gobierno y en el propio seno del partido de Netanyahu, el Likud.
El ministro israelí de Educación, Naftali Benet, uno de los principales críticos tras el anuncio de ayer y que exigió públicamente su retirada, felicitó vía Twitter al jefe del Ejecutivo "por la sabia decisión de cancelar el acuerdo para absorber a los infiltrados" y le pidió actuar "para acabar con los infiltrados ilegales".
La viceministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Hotovely, calificó también en la red social Twitter de "correcta" la resolución y aseguró que el país "no recompensa a los trabajadores migrantes con el título de refugiados. Eran y siguen siendo trabajadores migrantes que infringieron la ley al ingresar ilegalmente en Israel".
No todo fueron felicitaciones; Isaac Herzog, líder de la oposición en el Parlamento israelí y diputado de Campo Sionista, consideró que "el asombroso giro de Netanyahu en las últimas veinticuatro horas respecto a la gestión de los inmigrantes y solicitantes de asilo" es una prueba de su "debilidad".
"La decisión de violar un acuerdo internacional que habría permitido encontrar una solución razonable al problema complica a Israel legalmente, políticamente y a nivel humanitario", indicó Herzog en Twitter.
El líder opositor estimó que, tras "el absurdo espectáculo de las últimas horas", se tiene que exigir "al actor principal que salga del escenario de inmediato".
Por su parte, el dirigente laborista Avi Gabay señaló que la anulación del acuerdo refleja la "falta de liderazgo y cobardía" del mandatario israelí, a quien consideró "incapaz de tomar decisiones y de implementarlas".
La decisión de Netanyahu también generó protestas de varios movimientos que se oponen a la deportación de inmigrantes africanos, con manifestaciones en las que participaron decenas de personas.
ONG de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Hotline para Refugiados y Migrantes o la Organización de Ayuda para Refugiados y Solicitantes de Asilo (ASSAF, en sus siglas en inglés), condenaron esta actuación en un comunicado conjunto.
"El Gobierno de Israel ha demostrado una vez más que no sirve a los intereses de sus ciudadanos, incluidos los residentes del sur de Tel Aviv, ni (responde) a ningún compromiso moral, legal o internacional", afirmaron estas organizaciones, que pidieron una "política migratoria justa" y "la inversión en los barrios del sur de Tel Aviv", entre otras medidas urgentes.
Desde Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aseguró que se enteró por la prensa de que el Gobierno israelí había suspendido anoche el acuerdo e instó hoy a Israel a reconsiderar el pacto cancelado.
Netanyahu prometió continuar actuando "con determinación para agotar todas las posibilidades disponibles para eliminar a los infiltrados" y afirmó que buscarán nuevas soluciones.
En enero, Israel anunció el plan de deportación masiva que se aplicaría a 32.000 de los 38.000 inmigrantes africanos que se calcula hay en el país, la mayoría eritreos y sudaneses, excluyendo de él a 6.000 menores y progenitores con hijos a su cargo, y en febrero empezó a entregar las órdenes de devolución.
El plan motivó una fuerte controversia y el rechazo de parte de la población, que pidió una mejor solución para los inmigrantes, de los que la mayoría alcanzó el país a pie cruzando el desierto del Sinaí egipcio antes de que Israel construyese un muro para evitar su llegada.
Pilotos advirtieron de que se negarían a ponerse a los mandos de aviones con deportados, mientras profesores, académicos, médicos y supervivientes del Holocausto, entre otros, pidieron al Gobierno que anulase su decisión y buscase otra solución.
Además, varias ONG consideraron ilegal la deportación a terceros países, entre los que estaba previsto Ruanda, con el que Israel asegura que llegó a un acuerdo, pero que más tarde se echó atrás.
