WASHINGTON. La decisión la tomó anoche el juez de distrito federal de Seattle (costa oeste) James Robart tras escuchar los argumentos planteados por dos organizaciones de protección de derechos civiles: Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y el Servicio Familiar Judío.
Estas asociaciones afirmaron que la prohibición de Trump causa daños irreparables a familias y pone a algunas personas en riego, mientras que los abogados del Gobierno remarcaron que la medida es necesaria para proteger la seguridad nacional.
Robart instó al Gobierno federal a continuar el proceso de admisión de ciertas solicitudes de refugiados y aseguró que su decisión se debe a aplicar "a personas con una relación real con una persona o entidad de EEUU".
A finales de octubre, el Gobierno estadounidense bloqueó la entrada de refugiados procedentes de once países de mayoría musulmana, la mayoría de África y Oriente Medio, a la espera de una revisión de seguridad de 90 días.
Los afectados son ciudadanos de Egipto, Irán, Irak, Libia, Mali, Corea del Norte, Somalia, Sudan del Sur, Sudán, Siria y Yemen.
En un memorando firmado por el Secretario de Estado, Rex Tillerson; la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke; y el director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, se justificó la decisión de prohibición de entrada de refugiados a menos que se fortaleciesen los controles y protocolos de seguridad.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha criticado las leyes migratorias y de refugiados de EEUU como demasiado laxas, y ha prometido reforzar los requisitos para viajar y lograr residencia legal en el país, especialmente de países con mayoría de la población musulmana.
