Bogotá - El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, respondió ayer a las críticas por los tropiezos en la aplicación del acuerdo de paz que se firmó con las FARC, al asegurar que el proceso no se da de un día para otro, sino que “se construye” y “necesita del esfuerzo de todos”. Al presentar ante los periodistas la situación de la implementación, el mandatario dijo: “El país está viviendo un momento que no tiene punto de comparación con el pasado. Se están dando muchos cambios en muy corto tiempo. Y los cambios, aun cuando son para avanzar, son desafiantes, producen inquietudes, interrogantes. Pero sé que juntos, unidos, seguiremos avanzando”.

Reconoció que el proceso “no ha sido fácil, ha habido retrasos, demoras, errores”, pero manifestó que desde el Gobierno se ha trabajado “para que las oportunidades que trae la paz se hagan realidad”.

En rueda de prensa, Santos resaltó seis pasos que se han llevado a cabo desde que se firmó la paz con las FARC en noviembre pasado, entre ellos “llegar con salud, educación, carreteras y presencia del Estado” en general a los territorios más afectados por la violencia. Para ello, el Gobierno adelanta 112 proyectos de inversión en 51 municipios por más de 22.000 millones de pesos (unos 7,3 millones de dólares).

El presidente también destacó la adjudicación en los últimos dos años de 20.481 solares a familias campesinas pobres, muchas de ellas víctimas del conflicto. La meta en 2017 es entregar 32.000 terrenos y, para 2018, adjudicar 55.200 solares.

Derechos de las víctimas En cuanto a los derechos de las víctimas, para Santos “la columna vertebral del acuerdo de paz”, aclaró que más de 6,4 millones de personas han recibido apoyo oficial. “El Gobierno ha reparado administrativamente a cerca de 700.000 víctimas del conflicto, restituido 219.800 hectáreas a más de 31.000 personas e invertido 67.000 millones de pesos en proyectos productivos (unos 22,2 millones de dólares)”, detalló.

También se refirió al desminado, tarea que calificó de “compleja y peligrosa”, y alabó que ya se hayan declarado libres de estos artefactos 175 municipios y se esté trabajando en otros 244.

Antes de finalizar el mandato, comentó, “habremos limpiado el 50% de todo el territorio y la meta es tener un país libre de minas en 2021”. En su opinión, el fin del conflicto es una oportunidad “extraordinaria” para superar el problema de los cultivos ilícitos. “Desde mayo de este año lanzamos un programa de sustitución de cultivos. En tan poco tiempo, tenemos acuerdos firmados con más de 35.000 familias y de ellas a casi 20.000 les hemos cumplido con el primer pago para que arranquen las matas de coca. Son más de 12.000 hectáreas que están en proceso de ser sustituidas”, detalló.

En paralelo, agregó, “la fuerza pública está avanzando de manera decidida en la erradicación. Ya son 41.000 hectáreas que hemos erradicado. Es el 80 % de la meta”. Asimismo, Santos se refirió a la aprobación de reformas constitucionales y legales necesarias para la paz.

“Van cinco reformas constitucionales, 38 decretos ley y cuatro leyes en el Congreso y 45 decretos ordinarios. Pero hay proyectos de ley muy importantes que no han sido tramitados en el Congreso”, dijo e invitó a los congresistas a que, independientemente de su posición frente al acuerdo, participen de la discusión y contribuyan a sacar adelante las reformas.

Reinserción de guerrilleros Félix Salcedo, de 38 años, perdió parte de su brazo izquierdo manipulando explosivos cuando era guerrillero de las FARC, pero esta discapacidad no le impide fumigar con su brazo derecho un campo de piñas que, desde hace pocos meses, se ha convertido en su empleo y nuevo hogar.

Salcedo es uno de los 250 miembros de las FARC que trata de aprender un oficio en el caserío de Agua Bonita, uno de los 26 asentamientos creados por el Gobierno para que los desmovilizados se reincorporen a la vida civil tras el abandono de las armas. El nuevo pueblo, bautizado como Héctor Ramírez en homenaje a un guerrillero, es uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que sustituyen a las denominadas zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) donde a comienzos de año se reunieron los miembros de las FARC para dejar las armas.

Entre montañas y quebradas, la urbanización, que se encuentra en la zona rural de La Montañita, a 35 kilómetros de Florencia, capital del departamento del Caquetá, consta de 60 casas, construidas con placas compuestas de una mezcla de cemento y celulosa.

Salcedo trabaja en el principal proyecto económico del asentamiento, el cultivo de piña, y otros compañeros suyos, como Gloria Mora, también aprenden a plantar yuca, plátanos y tomates en las fértiles tierras del Caquetá. “Algunos que están aquí ya eran agricultores, yo vengo de ciudad. Ahora empezamos una nueva vida y estamos aprendiendo agricultura”, afirma la exguerrillera que durante 22 años fue enfermera en los frentes 48, 32 y 15 de las FARC.

Además del trabajo agrario, el campamento ofrece oportunidades de aprendizaje en ebanistería, zapatería y piscicultura, entre otras actividades. Para ello, los desmovilizados cuentan con el apoyo de distintas instituciones del Estado e, incluso, con la ayuda de particulares.

Este es el caso de Richard Camelo, un joven de Pereira, en la zona cafetera del centro del país, que imparte clases de carpintería a los exguerrilleros. “No pertenezco a ningún grupo armado, soy instructor de los muchachos. Creo en el cambio, en su voluntad, creo en una nueva Colombia en paz”, responde tajante cuando se le pregunta por su decidido altruismo. “Ellos vienen desde las cinco de la mañana a las cinco de la tarde. Quieren enfocarse en una empresa y ese emprender es lo que me motiva. Es el mejor personal que se puede contratar”, añade.

Uno de sus alumnos, conocido con el alias de El Paisa, llevaba 18 años en las FARC y espera que sus nuevos conocimientos de ebanistería le permitan ganarse la vida, “trabajando en comunidad”. - Efe