Nairobi - Las dos candidaturas rivales, la del presidente Uhuru Kenyatta y vicepresidente William Ruto, del partido Jubilee, y la de Raila Odinga y Kalonzo Musyoka, de la Superalianza de la oposición NASA, mantienen una tensa confrontación que divide nuevamente al país desde que las elecciones del pasado 8 de agosto que dieron la victoria a Uhuru/Ruto fueron impugnadas por Odinga/Kalonzo e invalidadas por el Tribunal Supremo. El poder judicial, reafirmando su independencia del ejecutivo, ordenó repetir las elecciones por las irregularidades e ilegalidades sistémicas y sistemáticas cometidas por la Comisión Electoral Independiente (IEBC). La organización de unas elecciones creíbles se ha convertido en todo un desafío colocando al país al borde de un precipicio constitucional con el agravante de las rivalidades étnicas en el sustrato político. Y era la primera vez en África que un tribunal de justicia anula unas elecciones por no cumplir con los estándares de calidad democrática lo que paradógicamente era señal de un cierto avance en el continente negro. El chief-justice David Maraga, en nombre de 4 de los 6 jueces del tribunal, estimó que las elecciones son un proceso, no sólo números, y que los errores masivos y el incumplimiento de las leyes y principios constitucionales afectaron a la integralidad de las elecciones. Tras el pronunciamiento de la sentencia muchos kenianos vieron reír por primera vez a Raila Odinga, padre de la lucha democrática, cuyo habitual semblante triste refleja sus frustraciones electorales del pasado y de su etnia del oeste de Kenia. La oposición celebró la sentencia como una victoria y la consideró una evidencia del intento de fraude electoral. Sin embargo, las elecciones de los condados y las legislativas, que tuvieron lugar el mismo día sin ser impugnadas, consolidaron la aplastante mayoría de Jubilee, y la sentencia del tribunal constataba las ilegalidades y anulaba las elecciones pero sin identificar una conducta dolosa en el partido del Gobierno ni en el IEBC, aunque sin descartarlas. Uhuru Kenyatta acató la sentencia calificándola de “monstruosa injusticia”.

Su interpretación fue que los errores reprochados a IEBC sólo afectaban a la transmisión electrónica de los resultados y que de haberse ordenado un nuevo recuento de votos, su victoria habría podido confirmarse sin necesidad de repetir las elecciones. Acusó al presidente del tribunal supremo de haber dado un “golpe judicial” y lamentó que la decisión de 4 personas pudiera anular la del conjunto del pueblo.

Pero ni las fallas constatadas por los jueces afectaban sólo a la transmisión de los votos ni el tribunal anuló el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes, sino que volvió a convocar su expresión con garantías legales para que no pudiera ser manipulada bajo pretexto del mal funcionamiento electoral.

irregularidades sin culpables La sentencia describió los requisitos que deben garantizar la transparencia y verificabilidad de los resultados electorales pero no determinó ninguna culpabilidad individual por las ilegalidades cometidas. El hecho de que los jueces no encontraran “huellas dactilares en las ilegalidades” fue interpretado por Jubilee como la confirmación de que fueron puros tecnicismos los que llevaron al tribunal a anular las elecciones. Sin embargo, el tribunal expuso en la sentencia las “sospechosas” actuaciones de la Comisión Electoral, llegando a justificar la inversión de la carga de la prueba.

Nasa está empeñado en demostrar que hubo responsabilidades criminales y tensa la cuerda para evitar que las mismas personas vuelvan a organizar las elecciones. Sobre la mesa ha puesto una serie de “condiciones irreductibles” amenazando con que no habrá elecciones si no se cumplen. Piden en primer lugar el cese de 12 miembros y directivos de IEBC. Durante las últimas semanas han aportado nuevos indicios de un complot en el que integran el asesinato de Cris Msando, responsable IT de IEBC, ocurrido poco antes de las elecciones. Además, sostiene que si no se organizan las elecciones en el plazo de 60 días desde la sentencia, esto es, para el 1 de noviembre, Uhuru Kenyatta tendrá que dejar de ser presidente según la constitución.

La Comisión Electoral se escuda en su independencia para no asumir dimisiones exigidas por la oposición y reprograma las elecciones para el 26 de octubre asegurando haber mejorado sus sistemas a fin de garantizar la transparencia y la verificabilidad de los resultados. Exigirán ahora que en la transmisión de los números, los textos vayan acompañados de la imagen escaneada de impresos auténticos y firmados, lo mismo que Cris Msando prometió en su última entrevista a una televisión, y que falló en las elecciones anuladas, supuestamente por falta de conexión de redes en cerca de una cuarta parte de los más de 40.000 centros de voto. Entre tanto, Uhuru Kenyatta radicaliza su postura asegurando que habrá elecciones aunque haya una sola candidatura, y mientras las protestas y el gas lacrimógeno, con los riesgos que implican, amenazan con volver a las calles, la mayoría parlamentaria de Jubilee elabora enmiendas en la ley electoral y en la del tribunal supremo para blindar las próximas elecciones y limitar el poder judicial, pero frente a los falsos caminos para alcanzar el poder de los próximos 5 años, se hace patente la necesidad de recupetat una íntima cooperación entre rivales para poder construir el costoso edificio común de un pueblo que censura la violencia y elogia la democracia.