Guatemala - El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fue acusado ayer por la Fiscalía por haber cometido el delito de financiación ilícita durante la campaña electoral de 2015, por lo que se presentó a la Corte Suprema de Justicia una solicitud de desafuero en su contra. En una conferencia de prensa, la fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, indicaron que como secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Morales no cumplió con su función de entregar informes contables y financieros, y bloqueó auditorías del Tribunal Supremo Electoral. Morales ocupó el cargo de secretario general del partido FCN-Nación desde 2013 hasta pocos días antes de asumir el cargo de presidente de la República en enero de 2016.

En total, advierte la investigación, el partido vencedor de las elecciones ocultó financiación por 2,3 millones de quetzales (cerca de 321.217 dólares) y gastó 4,4 millones de quetzales (603.075 dólares) en pauta publicitaria sin haber explicado el origen de los recursos con los que la organización política canceló los pagos. Asimismo, la fiscal general dijo que se debe investigar el arrendamiento del helicóptero del exministro de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, prófugo de la Justicia, que utilizó Jimmy Morales en sus viajes de campaña al interior del país, y dos pagos relacionados con una empresa vinculada a un caso de corrupción. La Fiscalía concluyó que “la respuesta tardía de FCN-Nación no desdibuja la probable configuración del delito de financiación electoral ilícito, por causa de aportes anónimos”, además de que los plazos de rendición de cuentas fueron vencidos.

La solicitud de antejuicio fue remitida al juzgado de paz del Organismo Judicial, que lo trasladará a la Corte Suprema de Justicia para que la avale y la envíe al Congreso, que deberá formar una Comisión Pesquisidora para resolver si existen bases para retirar o no el fuero del mandatario y luego votarlo. Mientras esto se anunciaba en Guatemala, Morales se reunía en Nueva York, junto al canciller Carlos Raúl Morales, con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde hablaron de la seguridad nacional y el mandato de la CICIG.

A la petición de desafuero del presidente, el Gobierno reaccionó mediante un comunicado en el que se limitó a decir que el presidente “ha sido y es respetuoso de las leyes y el debido proceso, por lo que confía en la objetividad de la justicia”. En el mismo comunicado, señaló que en la reunión con Guterres “se planteó” la “necesidad” que la CICIG “se circunscriba al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional” de la República. - Efe