Ginebra / Caracas - Las fuerzas de seguridad venezolanas han maltratado de forma sistemática y generalizada a miles de manifestantes y han detenido de forma arbitraria al menos a 5.000 personas, muchas de las cuales sufrieron “torturas” durante su arresto o reclusión, denunció ayer la ONU.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación en Venezuela, cuya información recabó con 135 entrevistas a testigos realizadas a distancia -desde Ginebra y Panamá- ante la negativa del Gobierno a darles acceso al país. De estas pesquisas, las primeras de estas características llevadas a cabo por la ONU, se desprende que desde que la ola de manifestaciones comenzó en el mes de abril, el Gobierno ha aplicado un “patrón evidente” de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes opositores.
El documento señala a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales. “Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas. Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar”, denunció en un comunicado el comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del Gobierno”, opinó.
Los entrevistados -víctimas, doctores, abogados, periodistas y paramédicos- relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia y que la Policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos.
medidas letales Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes. Un total de 124 personas han muerto en esta ola de protestas, 73 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos afines.
“Según el análisis del equipo de investigadores, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados colectivos, serían responsables de otros 27 fallecimientos”, especificó la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, al presentar el informe en una rueda de prensa.
Consultada sobre el resto de las muertes, respondió que “aún no está claro quién las perpetró”. Asumió que algunos manifestantes también han actuado de forma violenta “pero esto no justifica en forma alguna la represión generalizada y sistemática llevada a cabo por las fuerzas de seguridad”.
Además de los fallecidos, se han contabilizado 2.000 heridos. “La información compilada por el equipo indica que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes. En determinados casos también les disparan con armas de fuego”, denuncia el informe.
La represión se ha concretado también en al menos 5.000 detenciones arbitrarias registradas. A día de hoy aún hay un millar de detenidos, de acuerdo con la ONU. “En varios casos examinados hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura”, especifica el texto.
por la fuerza La Guardia Nacional Bolivariana, que custodia el Palacio Federal Legislativo venezolano, impidió ayer la entrada a los diputados opositores, después de que los oficialistas constituyentes entraran por la fuerza para tomar el control de la sede, que hasta ahora estaba en manos del antichavismo.
“No nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Este gobierno invade los espacios que ya no son capaces de ganar legítimamente”, denunció el diputado Stalin González, jefe de la mayoritaria facción opositora, que tiene dos terceras partes de los escaños de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional Constituyente, elegida el 30 de julio en una controvertida votación que registró casi la mitad de votos de los que designaron al Parlamento ordinario, ha tomado el control de la sede legislativa alegando que tiene poderes plenipotenciarios. Los parlamentarios opositores, que pretendían celebrar una sesión sobre la crisis venezolana, aseguraron que efectivos militares y grupos de civiles violentos vinculados al Gobierno, conocidos como colectivos les impidieron el paso y les obligaron a abandonar el lugar.
“Ellos actúan como el hampa, ellos llegaron en la noche, en la oscuridad y tomaron el Palacio”, dijo a periodistas el diputado Jorge Millán en referencia a la toma de una de las cámaras de la sede que era usada por el jefe militar se la seguridad, el coronel Bladimir Lugo. “Nosotros nos presentamos hoy, pero fue imposible el acceso por las condiciones que estaban alrededor de la entrada del Palacio Federal”, reiteró Millán.
No obstante, indicó que los diputados debatirán en la Asamblea Nacional “defendiendo el mandato” para el que fueron electos por una amplia mayoría de votantes.
El constituyente Diosdado Cabello había advertido en público que la Asamblea Constituyente tendría la tutela del Palacio Federal Legislativo y que por tanto se requeriría de su autorización para cualquier actividad.
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, electa el 30 de julio y de composición oficialista, inició ayer una sesión -en la que fue su segunda reunión- para definir su funcionamiento como poder plenipotenciario, tras haber tomado los espacios del Parlamento. - Efe
