Londres - La empresa a cargo del sistema de voto en la elección el pasado domingo de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (CNE) denunció ayer que las autoridades venezolanas manipularon las cifras de participación en al menos un millón de votos. Antonio Múgica, consejero delegado de Smartmatic, compañía que instaló unas 24.000 máquinas de voto electrónico en el país latinoamericano, afirmó en una rueda de prensa en Londres que las cifras oficiales divulgadas el lunes sobrestiman el número de ciudadanos que acudieron a las urnas.
“En base a nuestro robusto sistema, sabemos sin lugar a dudas que la participación en la reciente elección de la Asamblea Nacional Constituyente estaba manipulada”, indicó Múgica, que defendió la necesidad de encargar una auditoría para conocer los datos reales. Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, 8.089.320 personas -el 41,53% del censo- participaron el domingo en una jornada de votación que estuvo marcada por las protestas y la muerte en disturbios de al menos diez personas.
“Calculamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos. Es importante subrayar que esto no hubiera ocurrido si los auditores de todos los partidos políticos hubieran estado presentes en las diversas etapas de la elección”, dijo Mújica. El responsable de Smartmatic, firma responsable de la plataforma tecnológica de votación en Venezuela desde 2004, explicó que en esta ocasión no había representantes de la oposición en el centro de recuento para poder asegurar que los datos divulgados eran correctos, lo que considera una “vulnerabilidad” del sistema.
La compañía esgrimió que esas garantías se han respetado en todos los comicios en el país hasta 2015, pero fueron ignoradas en la consulta del domingo, en la que se elegían a los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente con el mandato de escribir una nueva Constitución y reformar el Estado venezolano.
La denuncia pública de Smartmatic ha llevado al presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, a anunciar que esa Cámara, de mayoría opositora, solicitará a la Fiscalía venezolana una investigación sobre los resultados del domingo. “No solo ha ocurrido un fraude: Es un delito que comienza por la propia cabeza del poder electoral”, dijo Borges en el Palacio Federal Legislativo antes de iniciar la sesión parlamentaria de ayer.
El responsable de Smartmatic aseguró por su parte en Londres que la firma se limita a presentar “datos factuales” y “nunca ha tenido lazos con absolutamente ningún Gobierno en el mundo”. Al ser cuestionado por el motivo que le ha llevado a hacer pública su denuncia sin pedir antes explicaciones al Ejecutivo venezolano, el consejero delegado argumentó que las autoridades del país latinoamericano no habrían sido “comprensivas” con su postura.
Desobedencia civil Los partidos de la oposición venezolana rechazaron participar en la votación, que consideran fraudulenta, y han convocado numerosos actos de desobediencia civil contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Además, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado para hoy una marcha contra la Asamblea Constituyente, que ve como un intento de “consolidar la dictadura” del chavismo gobernante. Se espera que la manifestación coincida con la instalación de hoy de la Constituyente en el Palacio Federal Legislativo, según el calendario anunciado por medios estatales, que no ha sido confirmado por las autoridades.
El encarcelamiento durante la noche del lunes de los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López, que permanecían en arresto domiciliario, ha aumentado la tensión en el país y ha levantado críticas desde diversos gobiernos internacionales. El Ejecutivo de Estados Unidos se mostró “profundamente preocupado” por la situación de ambos líderes políticos y se ha reservado la opción de imponer nuevas sanciones a Venezuela. Para Washington, la decisión del Tribunal Supremo venezolano de enviar a prisión a los opositores evidencia el carácter “autoritario” del Gobierno de Maduro.
Del mismo modo, los países de la Unión Europea (UE) dijeron ayer que no reconocen la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por dudas sobre su legitimidad y advirtieron de que “intensificarán” su respuesta si se siguen socavando los principios democráticos en ese país. La UE y sus Estados miembros “no pueden reconocer la Asamblea Constituyente por su preocupación en cuanto a su efectiva representatividad y legitimidad”, señaló la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, en un comunicado en nombre de los Veintiocho.
En esa nota, los países de la Unión Europea piden a Maduro que tome “medidas urgentes para rectificar el curso de los acontecimientos” y señalan que “están dispuestos a intensificar su respuesta en caso de que los principios democráticos se sigan minando y la Constitución venezolana no sea respetada”. En particular, llamaron a “suspender” la instalación de la Constituyente -cuya misión será modificar la Carta Magna- prevista para hoy en el Palacio Federal Legislativo, donde ahora opera el Parlamento de mayoría opositora. - Efe
Cuarta magistrada del Supremo. El canciller chileno, Heraldo Muñoz, anunció ayer que una cuarta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano ingresó como huésped en la residencia del embajador de Chile en Caracas y pidió la “solidaridad” de otros países. Del Valle González, abogada designada por el Parlamento, de mayoría opositora, se suma a otros tres magistrados venezolanos que durante los últimos días llegaron a la residencia del embajador en Caracas, en “calidad de huéspedes”.
El que fuera ministro del Interior chavista y jefe de los servicios secretos, Miguel Rodríguez Torres, afirmó ayer que “vendrán actos constituyentes para tratar de consolidar el autoritarismo y el absolutismo en Venezuela, persecuciones, desintegración institucional, represión, violaciones de los derechos humanos, aislamiento internacional que se traducirá en más hambre, más escasez y más pobreza”.