El nombramiento del nuevo Gobierno francés tras las elecciones legislativas del domingo 18, que en principio tenía que ser un mero trámite técnico, se convirtió la semana pasada en una profunda recomposición del Ejecutivo debido a la dimisión de cuatro ministros que están siendo investigados por posibles conductas irregulares, entre ellos François Bayrou. El centrista fue durante años el tercer político más poderoso de Francia. Tras haber sido ministro en gobiernos conservadores hace dos décadas, en la segunda vuelta de 2012 apoyó al candidato socialista François Hollande provocando el enfado entre las filas de Nicolas Sarkozy.

Durante las primarias de la derecha apoyó al alcalde de Burdeos Alain Juppé y finalmente, tras su eliminación, decidió no participar en la carrera hacia el Elíseo por cuarta vez consecutiva, plasmando en su lugar una provechosa alianza con Emmanuel Macron. En pocos días, Macron subió seis puntos en los sondeos, lo que le facilitó ganar las presidenciales.

Sin embargo, su caída ha sido precipitada. Nombrado ministro de Justicia a mediados de mayo, Bayrou ocupó finalmente el puesto durante tan solo 34 días. En un tiempo récord, el principal aliado de Macron se ha convertido en uno de los mayores problemas del nuevo presidente de la República. Numerosos observadores subrayan que, desde la victoria de Macron, Bayrou actúa como si fuera un segundo primer ministro. Por ejemplo, el centrista provocó un auténtico escándalo al enterarse de que el movimiento de Macron había reservado a su partido, el MoDem, solo cincuenta de las 577 circunscripciones para las legislativas. Finalmente fueron más de cien.

Bayrou tampoco dudó en criticar públicamente las actuaciones de destacados miembros del Ejecutivo o en llamar a Radio France para quejarse de una investigación sobre las actividades de su partido. “Siempre he defendido la libertad de la prensa, pero al mismo tiempo también tiene que existir libertad para criticar a la prensa”, se defiende.

A principios de junio, la prensa gala informó de que el MoDem usó como empleados del partido a asesores de sus representantes en el Parlamento Europeo. Tras la apertura de una investigación preliminar, las centristas Sylvie Goulard y Marielle de Sarnez, cercanas a Bayrou, abandonaron el Gobierno. La semana pasada, el propio Bayrou explicó que no ha dimitido sino que ha decidido no participar en el nuevo Ejecutivo para no perjudicar a Macron. Según Bayrou, es la única forma de defenderse sin ser acusado de presionar a los magistrados.

Tras comparar con la inquisición las críticas que está recibiendo, la persona encargada de llevar al Parlamento la nueva ley de regeneración política siente que ha llegado el momento de apartarse de la primera línea política. El argumento en el que basa su defensa es que, tras varias debacles electorales en Francia, su partido decidió reducir su plantilla. Posteriormente, los diputados europeos del MoDem que necesitaban asesores contrataron a algunas de estas personas que se iban a quedar sin trabajo. “No hay nada ilegal ni inmoral”, zanja el líder de la formación y antiguo ministro de Justicia.

Según Bayrou, también carece de fundamento la idea de que Macron le echa del Gobierno al no necesitar ahora a sus 42 diputados para tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. El movimiento del presidente cuenta con una cómoda mayoría propia, con más de 300 de los 577 escaños.

El socialista Medhi Ouraoui critica que las dimisiones lleguen tras las legislativas. También se muestra molesto por el silencio ante lo ocurrido por parte de la nueva diputada por la comarca de Baiona, Florence Lasserre David, cercana a Bayrou. Su padre, el senador centrista y actual presidente de Pirineos Atlánticos Jean Jacques Lasserre, subraya que Bayrou continua teniendo “una línea muy clara”. Y señala que la justicia tendrá la última palabra sobre unas acusaciones que, a su juicio, no tienen nada que ver con otros escándalos recientes, como el caso Fillon.

Amigo de los vascos Bayrou conoce perfectamente el País Vasco, por sus estrechas relaciones con el PNV, y porque durante años fue el “lehendakari de los vascos de Iparralde”, al presidir el Consejo General del departamento de Pirineos Atlánticos. El centrista legalizó las ikastolas de Iparralde cuando fue ministro de Educación, lo que hace posible desde 1994 que París pague el sueldo a los profesores de las escuelas de Seaska, las únicas en impartir enseñanza íntegramente en euskera.

El líder centrista estuvo amenazado por ETA y siguió de cerca la Conferencia de Aiete. Preguntado sobre la posibilidad de un cambio en la política penitenciaria en Francia tras al desarme, hace unos días aseguró que continuaba siguiendo de cerca el tema vasco y añadió que haría todo lo posible para consolidar la paz.

Pese a su salida del Gobierno, continuará dando consejos al Ejecutivo de Macron, en el que se mantienen dos de sus colaboradoras más cercanas: la senadora Jacqueline Gouralt, que supervisó la creación de la Mancomunidad única de Iparralde, y Geneviève Darrieussecq, alcaldesa de Mont-de-Marsan, capital de Las Landas.

Bayrou presidirá el viernes el Pleno municipal de Pau, su ciudad natal a la que dice volver encantado ya que le parece “un lugar mágico”. Y advierte de que continuará siendo un dirigente político nacional cuyo único objetivo es dar un nuevo impulso al país. El bearnés, que tardó veinte años en volver al Gobierno, está convencido de que volverá a formar parte del Ejecutivo galo. Sin olvidar que el próximo otoño habrá elecciones al Senado.