Washington - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid al Hussein, criticó ayer miércoles el decreto migratorio para impedir la entrada de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana en Estados Unidos, al tiempo que ha censurado que el presidente estadounidense, Donald Trump, esté intentando “intimidar” y “perjudicar” a los jueces y los periodistas. “Estoy también preocupado por las nuevas políticas de inmigración que prohíben la admisión de personas de seis países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen) durante 90 días, así como las políticas que amplían en gran medida el número de inmigrantes que están expuestos a un riesgo inmediato de deportación “sin tener en cuenta los años pasados en Estados Unidos o sus raíces familiares”, aseguró Zeid.

En la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el Alto Comisionado dijo que está “preocupado” por la gestión del Gobierno de Estados Unidos en materia de Derechos Humanos y subrayó que es necesario “un liderazgo mayor y más sólido” para afrontar el reciente “auge” de los casos de “discriminación, antisemitismo y violencia contra minorías religiosas y étnicas”.

Zeid advirtió de que “la difamación” contra “grupos enteros” como los mexicanos o los musulmanes y las “falsas” acusaciones que sostienen que los inmigrantes cometen más delitos que los estadounidenses son “perjudiciales” y “alimentan los abusos xenófobos”.

“Estoy conmocionado por los intentos del presidente (Trump) de intimidar y perjudicar a los periodistas y jueces”, aseguró el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, antes de criticar el decreto migratorio que prohíbe la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de seis países con mayoría musulmana y las políticas que “amplían en gran medida” el número de inmigrantes que se exponen a ser expulsados del país. Estas medidas, a su juicio, aumentan “enormemente” el uso de las detenciones de inmigrantes, “incluidos los niños”. “Las deportaciones aceleradas podrían suponer expulsiones colectivas y devoluciones, incumpliendo el derecho internacional si se hacen sin garantía de un proceso justo que incluya análisis individuales”, afirmó Zeid, que se declaró “especialmente afectado” por el “impacto potencial” de los cambios de la política migratoria en los niños porque pueden acabar detenidos o “separados de sus familias”.

Las nuevas medidas migratorias del presidente de Estados Unidos también tienen una fuerte contestación dentro del país. El estado de Hawai interpuso ayer la primera demanda contra el nuevo veto migratorio del presidente de EEUU, Donald Trump, que introduce algunos cambios respecto al anterior para evitar problemas legales.

Así lo avanzó el fiscal general de Hawai, el demócrata Douglas Chin, en un escrito presentado el martes ante un tribunal federal en Honolulu en el que solicita el bloqueo del veto antes de que entre en vigor el próximo día 16.

Hawai también interpuso una demanda contra el primer veto, en la que argumentó que la medida era inconstitucional y que tenía un impacto negativo en su población, economía y universidades. Sin embargo, la demanda que logró bloquear ese veto fue la presentada por el estado de Washington (noroeste).

El fiscal general de Washington, el también demócrata Bob Ferguson, artífice de esa demanda, dijo este lunes que necesita tiempo para estudiar los cambios introducidos por Trump al nuevo veto para decidir si vuelve a acudir o no a los tribunales.

El escrito presentado este martes por Hawai solicita realizar la audiencia el próximo día 15, la víspera de la entrada en vigor del veto, para que el juez tenga la opción de suspenderla antes de que eso suceda.

A diferencia del veto anterior, Trump eliminó la suspensión permanente a la acogida de refugiados sirios y suprimió las referencias religiosas. El presidente estadounidense tomó la decisión de presentar un segundo veto después recibir varios reveses judiciales con el anterior.

La reforma, un “deseo nacional” El presidente de EEUU, en cualquier caso, ve un “deseo nacional” de lograr una reforma migratoria y cree que la legalización de los indocumentados se debe “trabajar de manera bipartidista” en el Congreso, dijo ayer su asesora Helen Aguirre Ferré. Trump “comprende que este es el momento para tener una reforma migratoria, el país lo desea”, explicó Aguirre Ferré, asesora especial del mandatario y directora de asuntos de prensa.

Respecto al “estatus legal” de los alrededor de 11 millones de indocumentados que residen en EEUU, “eso es algo que se tiene que trabajar de manera bipartidista”. Según Aguirre Farré, el presidente de Estados Unidos “entiende, lo ha expresado, que particularmente en el tema de inmigración, ambos lados tienen que suavizar sus posturas y de esa manera llegar al centro”.

“En el centro yo creo que es donde están la mayoría de los estadounidenses, va a haber aspectos que le puedan gustar a unos y a otros no, pero eso se llama consenso y de eso se trata”, añadió. De ascendencia nicaragüense, Aguirre Ferré recalcó que Trump “comprende lo complejo” que es sacar adelante una reforma migratoria, pero a la vez opina que hay “una gran oportunidad y un deseo nacional de que se llegue a ello”. “Sabemos que en las últimas dos Administraciones la equivocación fue no hacerlo (la reforma) en los primeros años y hay que hacerlo cuando tienes mayor capital político”, argumentó. “Hemos comenzado de una manera muy oportuna que es reforzando la frontera y enfocándonos en seguridad nacional”. - Efe