Budapest - El Parlamento húngaro aprobó ayer una controvertida ley que permite la detención en centros cerrados de todos los solicitantes de asilo, una medida criticada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La normativa tuvo un gran respaldo -138 votos a favor, seis en contra y 22 abstenciones- debido a la mayoría absoluta del partido del primer ministro conservador, Viktor Orbán, que además recibió el respaldo del ultraderechista Jobbik. La ley establece que los demandantes de asilo solamente podrán presentar sus solicitudes en zonas de tránsito situadas en la frontera, que son centros cerrados formados con contenedores en los que deberán esperar hasta finalizar los trámites.

En el caso de que la solicitud sea rechazada por parte de las autoridades húngaras, el demandante de asilo solo podrá regresar a Serbia, en cuya frontera se encuentran esas zonas de tránsito, y no podrá entrar en Hungría. Hungría, al igual que el resto de países europeos, contaba hasta ahora con centros abiertos y los refugiados podían moverse libremente por el país mientras se resolvía su caso. La normativa reintroduce una práctica que se abolió en 2013, cuando llegaban muchos menos refugiados, y a la que se puso fin por la presión de la Comisión Europea, la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nada más aprobarse la normativa, ACNUR criticó con dureza la medida al indicar que “viola las obligaciones de Hungría con respecto al derecho internacional y las normas de la Unión Europea (UE)”.

La portavoz de ACNUR, Cécile Pouilly, dijo que esta medida tendrá “terribles efectos psicológicos y físicos en mujeres, niños y hombres que ya han experimentado grandes sufrimientos”. Según Pouilly, el número de solicitantes de asilo en Hungría ha pasado de las 177.000 en 2015 a 29.000 en 2016 y tan solo 912 en los dos primeros meses de 2017. Todos los solicitantes, incluidos los que ya están en el país, serán mantenidos en una zona de tránsito donde estarán los centros de detención, añadió.

“En la práctica, esto significa que todos los solicitantes de asilo, incluidos niños, estarán detenidos en contenedores de barco rodeados por una alta alambrada de espino en la frontera durante largos periodos de tiempo”, lamentó en un comunicado. “Esta nueva ley viola las obligaciones de Hungría en virtud del Derecho Internacional y de las normas de la UE, y tendrá un terrible impacto físico y psicológico en las mujeres, niños y hombres que ya han sufrido extraordinariamente”, añadió.

Tanto el derecho internacional como las normas comunitarias europeas solamente prevén la detención de refugiados y solicitantes de asilo en circunstancias excepcionales, y siempre y cuando las autoridades hayan considerado medidas menos coercitivas para alcanzar los objetivos buscados.

en alerta desde 2015 La legislación adoptada ayer estará vigente solo cuando en el país esté activo el estado de alerta por emigración masiva, que se aplica desde que entrara en vigor a finales de 2015.

Pese a que en Hungría apenas hay unos 400 solicitantes de asilo -según diversas ONG- el Gobierno ha prolongado hasta septiembre de este año el “estado de alerta” migratoria. Estos refugiados que están ya dentro del país en diferentes centros de acogida serán trasladados a las zonas de tránsito, para que aguarden allí el resultado de su solicitud.

Hungría permite que 25 personas entreguen cada día sus solicitudes de asilo en las zonas de tránsito y, después de presentar sus demandas de protección, la mayoría de ellos sigue su camino a otros países de la UE sin esperar su resultado. La ley ya fue descrita por diferentes ONG como inhumana y contraria a las leyes del país, entre otros causas, por no brindar protección a los menores de entre 14 y 18 años, que ahora tendrán que esperar detenidos en las zonas de tránsito.

Este es solo el último paso, hasta ahora, de las políticas antimigratorias de Orbán que han incluido la construcción de vallas y la aprobación de leyes que criminalizan la entrada irregular en el país y que dificultan la concesión del estatus de refugiado. Hungría cerró su frontera sur en septiembre de 2015 con una valla -cuando cientos de miles de refugiados utilizaban la ruta balcánica para llegar a la UE- y hace poco se iniciaron las obras de una segunda, en paralelo a la primera.

Ampliando la zona de 8 kilómetros a lo largo de la frontera donde se han estado llevando a cabo expulsiones desde el pasado verano, la Policía pueda ahora detener a los inmigrantes ilegales en cualquier parte del país y devolverlos a la frontera serbia para ser expulsados. “Nadie puede entrar en suelo húngaro o de la Unión Europea sin un permiso”, sostiene el ministro del Interior, Sandor Pinter, en la ley. Por su parte, Orbán señaló que el país está bajo asedio durante un discurso ofrecido este martes a nuevos guardias fronterizos.

Aunque las llegadas diarias han caído significativamente, los húngaros “no podemos reclinarnos en nuestras sillas (...) simplemente hemos ganado algún tiempo entre dos grandes olas” de inmigrantes, ha afirmado, defendiendo que el país debe usar este tiempo para fortificar sus defensas. El Parlamento también adoptó una legislación que prevé penas de hasta cinco años de cárcel por cruzar de forma ilegal la frontera y en octubre se organizó un referéndum sobre el sistema europeo de reubicación de refugiados.

Aunque en esa consulta popular no se alcanzó el umbral del 50 % de participación para que fuera válido, el Gobierno comunicó como un éxito que la gran mayoría de los más de tres millones de votantes rechazaron el sistema europeo de reubicación. Orbán ha criticado en numerosas ocasiones a Bruselas y la Unión Europea por sus políticas de inmigración, ha relacionado a los refugiados con el terrorismo y la criminalidad y ha sostenido que Europa se enfrentaba a una “invasión” que pone en peligro su futuro. - Efe/E.P.