Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó ayer su nuevo decreto migratorio que prohíbe la entrada de refugiados al país y detiene la emisión de visados para los ciudadanos de Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán, todos ellos países de mayoría musulmana. Trump eliminó de su nueva orden ejecutiva toda alusión a las minorías religiosas cristianas, grupo que había tratado de proteger en su anterior decreto, emitido el 27 de enero y bloqueado por la Justicia. Con esa eliminación, el Gobierno de Estados Unidos trata de anular la idea de que su veto se dirige contra los musulmanes y atenta contra la libertad religiosa protegida en la primera Enmienda de la Constitución, una cláusula que algunos grupos habían usado para demandar al Ejecutivo por discriminación.
“La orden ejecutiva firmada por el presidente para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros es una medida vital para fortalecer nuestra seguridad nacional”, dijo el secretario de Estado, Rex Tillerson, en una rueda de prensa junto a los titulares de Justicia, Jeff Sessions, y Seguridad Nacional, John Kelly. A diferencia de lo que ocurrió con la orden anterior, en esta ocasión, Trump no apareció firmando el decreto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado por su equipo y frente a las cámaras.
El mayor cambio incluido en la nueva orden ejecutiva se refiere a Irak, cuyos nacionales vieron cómo se les prohibía la entrada a Estados Unidos con el anterior decreto del 27 de enero. En esta ocasión, Trump ha decidido permitir la entrada de los iraquíes porque su Gobierno se ha comprometido a implementar medidas adicionales de seguridad y ejecutar en el “tiempo oportuno” las repatriaciones de sus nacionales con órdenes de expulsión en Estados Unidos, según dijeron altos funcionarios en una llamada con periodistas.
En su comparecencia ante la prensa, Tillerson elogió al primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, y resaltó que Irak es “un aliado importante” en la lucha contra el Estado Islámico (EI). A pesar de que el Gobierno ha sacado a Irak de su lista, ha detenido durante 90 días la emisión de visados a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán), que ya aparecían en el anterior decreto. No obstante, la nueva orden incluye tres excepciones que no estaban recogidas en la anterior versión y, entre las que destaca, el permiso de entrar a Estados Unidos para los nacionales de los seis países musulmanes que tienen la tarjeta de residente permanente (green card), que permite a los extranjeros trabajar y acceder a la ciudadanía estadounidense.
Además, podrán entrar en Estados Unidos aquéllos que ya hayan conseguido asilo y las personas con doble nacionalidad que usen un pasaporte de otro país diferente al de las seis naciones con restricciones. En esta ocasión, el Gobierno también dejó claro que podrán ingresar en Estados Unidos los ciudadanos de las seis naciones musulmanas que tuvieran un visado válido antes de las 17.00 hora local (22.00 GMT) del 27 de enero, la fecha en la que se emitió la primera orden ejecutiva.
Sobre las personas que piden asilo, el Ejecutivo estableció una prohibición de entrada al país durante 120 días para los refugiados de todo el mundo, aunque determinó que se podrá otorgar un permiso de entrada a algunos refugiados “cuando esté en el interés nacional de Estados Unidos”, según el decreto.
Investigación del fbi a refugiados El mayor cambio es que, en la nueva orden, el Gobierno no menciona de manera específica a los ciudadanos sirios y los incluye entre los demás refugiados del mundo, de forma que tendrán prohibido su ingreso a Estados Unidos por 120 días y no de manera indefinida, como establecía el anterior decreto. Para justificar la necesidad de proteger a Estados Unidos de algunos refugiados, el Gobierno anunció ayer que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando a más de 300 refugiados en Estados Unidos por posibles actividades terroristas.
El Gobierno no dio detalles sobre las nacionalidades de los refugiados investigados, aunque la orden ejecutiva cita varios ejemplos de refugiados condenados por terrorismo, como un somalí que llegó de niño a Estados Unidos, adquirió la ciudadanía estadounidense y trató de detonar una bomba en una ceremonia navideña en Portland (Oregón). En la orden, se establece que Estados Unidos admitirá a un máximo de 50.000 refugiados en el año fiscal 2017 (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), un límite idéntico al contenido en la primera versión del veto y que supone un importante descenso con respecto a la meta de 110.000 refugiados del expresidente Barack Obama.
Por último, en su nuevo veto, Trump establece que su Gobierno deberá entregarle en 20 días un informe que evalúe cómo cada país del mundo proporciona información a Estados Unidos sobre sus ciudadanos. En base a ese informe, el Ejecutivo podrá prohibir la entrada a ciudadanos de más naciones -además de las seis incluidas actualmente en el veto- en caso de considerar que esos países no proporcionan suficientes garantías de seguridad sobre los individuos que tratan de viajar a Estados Unidos.
