la haya - La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya considera que hay razones sólidas para creer que las fuerzas del ejército de Estados Unidos desplegadas en Afganistán podrían haber cometido crímenes de guerra en territorio afgano. En un informe hecho público ayer en La Haya, sede de la CPI, los fiscales de este organismo aseguran que tras un exhaustivo examen, fuerzas estadounidenses, según la jurisdicción de esta Corte, habrían cometido crímenes relacionados con la tortura y otros tipo de maltratos en campos secretos de detención.
Según la CPI, estos centros de detención estaban gestionados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y los crímenes de guerra tuvieron lugar “principalmente durante el periodo 2003-2004” aunque “en algunos casos continuaron hasta 2014”.
Los crímenes se habrían cometido en territorio de Afganistán en las 34 provincias del país aunque “las de Kandahar y Helmand parecen las provincias más afectadas”, precisa el informe. El documento añade que “miembros de las fuerzas armadas de EEUU parecen haber sometido al menos a 61 personas detenidas a tortura” y que oficiales de la CIA aparentemente habrían torturado a otros 27 detenidos.
talibán y fuerzas afganas La fiscalía de la CPI subraya que también tiene razones fundadas para creer que los talibán y sus aliados, pertenecientes a la organización Haqqani Network, habrían cometido igualmente “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.
En concreto, los fiscales responsabilizaron a los talibán y sus grupos afiliados de ser responsables de la muerte de más de 17.000 civiles entre enero de 2007 y diciembre de 2015.
“Desde mayo de 2003, los grupos insurgentes han sido presuntos responsables de numerosos ataques contra objetos protegidos, incluidas escuelas, oficinas gubernamentales, hospitales, mausoleos, mezquitas y organizaciones humanitarias”, recogieron.
“Hay una base razonable para creer que los talibán y sus afiliados han cometidos los crímenes de asesinato, encarcelamiento o privación de la libertad física, y persecución contra grupos o colectividades por motivos políticos o de género”, detallaron.
En el caso de las fuerzas de seguridad, los fiscales del TPI han señalado que “múltiples fuentes han informado sobre la existencia de torturas en los centros de detención del Gobierno afgano”. “Esta conducta refleja un patrón de presunta criminalidad que se retrotrae al comienzo del conflicto en 1978, momento desde el cual persiste un estado de total impunidad”, argumentaron. Se calcula que entre el 35% y el 50% de los detenidos en Afganistán son sometidos a torturas. - Efe/E.P.
