El nuevo acuerdo negociado en La Habana por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) supone ciertos cambios con respecto al inventario de los bienes del grupo insurgente, modificaciones en el sistema de justicia especial y se limita a diez años su jurisdicción. En cualquier caso, estos cambios son los que se desprenden de las declaraciones de las delegaciones de negociación del Gobierno y la guerrilla, ya que por el momento no se ha hecho público el documento íntegro. Los cambios han sido introducidos en un tiempo récord de un 40 días, sobre todo si tenemos en cuenta que oficialmente el proceso de negociación duró casi cuatro años.
* Penas: Mientras entra en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, las acciones reparadoras de los guerrilleros, debidamente verificadas, podrán ser descontadas de la sanción que se les imponga.
* Narcotráfico: El ‘no’ pedía que el narcotráfico no fuera amnistiable y el nuevo texto apunta a que los magistrados tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia para aplicar o no la conexión del delito de narcotráfico al delito político. La guerrilla además se compromete a romper con el narcotráfico y a cooperar para combatirlo.
* Otros delitos: La Jurisdicción Especial para la Paz será competente para procesar las conductas de terceras personas (no combatientes) que hayan incurrido en financiación o colaboración con actores armados involucrados en crímenes graves. Así, si esos terceros contribuyen a las medidas de verdad y reparación, pueden beneficiarse de la renuncia de la acción penal.
* Policías y militares: Los policías y militares en servicio activo y retirados tendrán seguridad jurídica en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrán seguridad jurídica.
