Pekín - Hu Shigen, veterano defensor de la democracia y líder religioso de varias iglesias clandestinas, se convirtió ayer en el segundo activista condenado a cárcel por China en dos días, en el marco de la insólita operación que comenzaron las autoridades en 2015 para minar la disidencia. El Tribunal Popular Intermedio número 2 de Tianjin, ciudad portuaria al sureste de Pekín, sentenció ayer a Hu a siete años y medio de prisión por “subversión”, tras condenar el día anterior al activista Zhai Yanmin a tres años de cárcel por el mismo delito. En el caso de Zhai, la condena fue suspendida, por lo que no debería pasar por prisión, pero la corte no tuvo esa consideración con Hu, quien a sus 61 años ya tiene experiencia tras los barrotes, pues llegó a pasar casi dos décadas confinado por tratar de informar a la población sobre la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989.
La corte repitió el mismo modus operandi este miércoles y celebró un juicio breve, que no llegó a las tres horas y que se produjo a puerta cerrada, a excepción de algunos medios autorizados, ninguno de ellos extranjero. Sin familia ni abogado de su libre elección en la vista, Hu se declaró culpable y aseguró que había escogido “el camino criminal” para promover la democracia al estilo occidental y que intentaba “derrocar” al gobernante Partido Comunista.
En el proceso celebrado el martes contra el activista Zhai Yanmin, la corte ya adelantó que tanto Zhai como el líder espiritual, junto a los abogados de derechos humanos Zhou Shifeng y Li Heping, “conspiraron y urdieron para subvertir el poder estatal” y “establecieron un sistema ideológico, un método y los pasos necesarios para hacerlo”. Todos ellos forman parte de los cientos de detenidos en el verano de 2015, durante una operación policial contra el colectivo de abogados de derechos humanos, que también implica a activistas y disidentes. A día de hoy, una veintena sigue en manos de las autoridades y hasta esta semana aún no se había celebrado ningún juicio.
“Hu era líder de dos reconocidas iglesias clandestinas (que no siguen el dictamen del Partido único) y tenía mucha relación con Zhou Shifeng”, explica un abogado cercano al líder religioso. Al parecer, Hu estuvo involucrado en las manifestaciones que se habían producido en tribunales para protestar por las irregularidades de los procesos en China, entre otras iniciativas.
La corte dictaminó ayer que Hu utilizó la plataforma de las iglesias para reunir a abogados y a peticionarios, ciudadanos que han sufrido algún tipo de injusticia y viajan a Pekín a reclamar, “para difundir ideas subversivas” entre la población. Además, ayudó a otros activistas, como Guo Hongguo, a “recibir formación en el extranjero contra China”, en su conspiración contra el Partido único, dice un comunicado del tribunal difundido por la agencia oficial Xinhua. Según lo previsto, Guo y el abogado de derechos humanos Zhou Shifeng, cuyo bufete está en el centro de la campaña de las autoridades, se sentarán también en el banquillo esta semana acusados de subversión y se prevé que también serán condenados.
A la espera de esas sentencias, los defensores de los derechos humanos en el país piden atención a la comunidad internacional. “La sentencia de Hu es una dura advertencia a las iglesias clandestinas y a los activistas en defensa de los derechos humanos”, considera Frances Eve, investigadora de Chinese Human Rights Defenders (CHRD). Y es que, para los expertos en este campo, la operación que comenzó en julio del año pasado ya no sólo salpica al colectivo de los abogados de derechos humanos. Es, dicen, un “ataque” contra todo aquel que discrepe del régimen. - Efe
