Brasilia - El proceso que le puede costar el cargo a la presidenta Dilma Rousseff llegó el lunes a estar suspendido, pero fue retomado tras una jornada de vértigo en la que el Gobierno brasileño jugó las últimas cartas en sus intentos por salvar a la mandataria. “Sé que un recurso contra el proceso fue aceptado”, pero “pido cautela” porque “vivimos una coyuntura de mañas y artimañas”, dijo Rousseff en un acto con estudiantes y profesores al ser informada de una decisión que suspendía el proceso, recibida con vítores por los presentes.

La decisión había sido tomada por el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, que en su primer acto en ese cargo tras sustituir a Eduardo Cunha, suspendido por el Supremo por alegada corrupción, aceptó una demanda de la Abogacía General del Estado, que defiende a Rousseff. Maranhao indicó que la demanda exigía la “nulidad” de la sesión del pasado 17 de abril, en que 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria y remitieron el trámite al Senado. Explicó que uno de los “vicios” en esa sesión consistió en que los partidos políticos representados en la Cámara Baja orientaron el voto de sus diputados, lo que no podría ocurrir en una decisión de esa naturaleza. También informó de que había pedido que el Senado devuelva el proceso a esa instancia, pese a que la Cámara Alta se aprestaba ya para celebrar la votación definitiva sobre la posible apertura de un juicio político contra Rousseff.

La algarabía del oficialismo duró apenas unas horas, en las que se comprobó que Rousseff tenía razón al pedir cautela. El presidente del Senado, Renán Calheiros, convocó a una reunión urgente a los jefes de los partidos representados en esa cámara y se dirigió luego al Pleno para rechazar la decisión de Maranhao. “Es una decisión intempestiva”, que “no tiene ninguna cabida” en el proceso democrático y “no puede ser aceptada”, dijo Calheiros, al calificar de “extemporánea” la suspensión del proceso “cuando el Senado ya discute el asunto desde hace varias semanas”. Detalló que “ya hubo lectura de informes sobre el caso, se eligió una comisión especial” que analizó la base jurídica de los cargos y “hubo diez sesiones que consumieron casi 70 horas de trabajo” en las que se escuchó a la defensa y a la parte acusadora. “Este decisión, ahora, es totalmente intempestiva” y “no puede ser aceptada”, pues “no se puede aceptar que se juegue de ese modo con la democracia”, subrayó.

Poco después, Maranhao decidió apoyar el proceso de destitución contra la presidenta, Dilma Rousseff, horas después de haber optado por lo contrario. Este cambió de opinión se dio después de que su formación, el Partido Progresista (PP-MA), le amenazara con expulsarle, según el diario O Globo. El presidente del Senado, tras rechazar la decisión del jefe de los Diputados, ordenó la lectura de un resumen del informe de la comisión que analizó el caso, lo cual supone el trámite previo a la votación en que se decidirá si Rousseff responderá a un juicio. Esa votación, aún no confirmada, en principio deberá comenzar el próximo miércoles, pero debido a la complejidad del trámite pudiera concluir al día siguiente. Si el Pleno de 81 senadores se inclina por mayoría simple por la apertura del proceso, lo cual parece un hecho, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el trámite. En ese caso, el vicepresidente Michel Temer ocuparía su cargo durante el juicio y completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si se llegase a la destitución.

Antes de conocerse la decisión de Calheiros, el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, había instado al Senado a acatar lo determinado por el jefe de los Diputados y suspender el trámite, pero también admitió que se había reunido con Maranhao el pasado fin de semana.

Rousseff, una vez retomado el proceso, reanudó el discurso del “golpe” durante la inauguración de una terminal de un aeropuerto. “Voy a luchar con todos los instrumentos democráticos para impedir la interrupción ilegal de mi mandato por unos traidores y golpistas” que “serán juzgados por la historia”, declaró. Por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció ayer que la entidad realizará una consulta jurídica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDh) sobre el proceso político que amenaza con apartar del cargo a la presidenta de Brasil. “Hay algunas inquietudes e incertidumbres jurídicas”, como la “legalidad de las causas invocadas para el impeachment’”. - Efe