brasilia - La comisión parlamentaria que analiza si existen argumentos jurídicos para someter a un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, rechazó ayer anexar al proceso unas denuncias que la vincularían a la corrupción en Petrobras. “Entendemos que no se puede aceptar” a fin de impedir que puedan ser denunciados “vicios” que afecten la legalidad del proceso, dijo el diputado Jovair Arantes, que actúa como instructor en el caso, sobre una exigencia presentada por la oposición el lunes.

La propuesta fue presentada ante la comisión especial de 65 diputados que determinará si Rousseff debe ser procesada por unas irregularidades fiscales en las que incurrió su Gobierno en sus balances de 2014 y 2015, de los cuales excluyó unas millonarias deudas con la banca pública. Según la oposición, los cargos contra Rousseff debían abarcar también el testimonio de algunos implicados en la red de corrupción que operó en la compañía estatal Petrobras, y aseguran que la mandataria “sabía” de ese asunto e intentó “obstruir” la investigación.

El oficialismo reaccionó contra esa propuesta, que según dijo el diputado Henrique Fontana, del Partido de los Trabajadores, sería “otro paso hacia el golpe que la oposición está gestando”. Fontana afirmó que “una vez que vieron que la acusación original es débil, quieren cambiarla por otra”, pero de esa manera “se viola el derecho a la debida defensa”, pues “una persona solamente puede defenderse cuándo sabe precisamente de qué se le acusa”.

La comisión de diputados, ante la cual el Gobierno presentará la defensa de Rousseff, analizará el caso durante quince sesiones y, si se pronuncia a favor del juicio político, pasará la palabra al Pleno de la Cámara Baja, en el que el proceso sólo avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de dos tercios. Si los diputados le dan luz verde el proceso, la palabra pasará al Pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político. En ese último caso, Rousseff debería separarse del cargo hasta que concluya el proceso, que tendrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegase a la destitución.

Por su parte, la presidenta brasileña denunció ayer lo que calificó de “conjura” contra la “estabilidad democrática” del país, al aludir al trámite para un eventual juicio político que ha comenzado en el Congreso. “Si es necesario movilizar a la sociedad en una campaña por la legalidad”, que “quede claro que me sobran energías, disposición y respeto a la democracia para el enfrentamiento necesario a la conjura que amenaza la estabilidad institucional y democrática”, dijo en un acto con juristas y miembros de movimientos sociales.

En un muy duro discurso, Rousseff aseguró que está en marcha “una ruptura institucional que se forja en los sótanos” de la política y apunta a “desconocer el legítimo mandato” que recibió de la sociedad brasileña en las urnas. Rousseff aseguró que tiene “la conciencia tranquila de quien no cometió ningún acto ilícito que pueda caracterizar un delito de responsabilidad”, de lo que la acusa la oposición ante el Congreso sobre la base de unas irregularidades descubiertas en los balances que el Gobierno presentó en 2014 y 2015. - Efe