MADRID. Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el asistente del ACNUR en grecia, Giovanni Lepri, la institución no facilitará suministros de alimentación, agua o saneamiento como venía haciendo hasta ahora ni participará "en ninguno de los procesos" asociados a estos centros de detención porque es incompatible con sus obligaciones en favor de quienes buscan protección internacional.
"El ACNUR ha reorganizado sus equipos en las islas y nos estamos retirando de las infraestructuras. No vamos a participar en ninguno de los procedimientos que tienen que ver con este régimen cerrado y la provisión de servicios allí. Están en situación de detención y nosotros no vamos a proveer servicios dentro de un centro así, sería completamente contrario a nuestro mandato", ha afirmado.
No obstante, incide en que "lo último que quería el ACNUR es que de la noche a la mañana cambiase el sistema" y sus equipos se retirasen "sin mirar las necesidades de la población", por lo que seguirá en las islas monitorizando las condiciones de quienes llegan, trabajando en la detección de casos especiales, como los menores no acompañados, y supervisando que se cumple la legalidad internacional en la ejecución de las condiciones que marca el acuerdo.
De hecho, si bien el ACNUR ha "suspendido los traslados desde el puerto a centros de detención", sí está colaborando en la evacuación de los refugiados que aún permanecen en las islas y que llegaron antes de la entrada en vigor del convenio, unas 8.000 personas de las que 4.000 ya han sido desplazadas a territorio peninsular en muchos casos, a bordo de autocares del ACNUR que les llevaban hasta el ferry. Esta labor ha suscitado críticas porque, según Lepri, "no se ha interpretado correctamente".
"En realidad, el Gobierno está trasladando a la gente que llegó antes de medianoche para no tener en las islas dos grupos de personas de la misma nacionalidad con tratamiento disinto, los que llegaron antes de la entrada en vigor del acuerdo y los que están llegando después. Para el ACNUR esto no es un tema de preocupación porque el traslado se está haciendo de forma adecuada. En todo caso, el ACNUR no participa ni en deportaciones ni en ningún proceso ilegal", ha sentenciado.
CAMPOS DE ACNUR PARA LA REUBICACION
Sí "preocupa" que en territorio peninsular hay 40.000 refugiados "en una situación muy precaria, particularmente en El Pireo e Idomeni" y en los campos que el Gobierno está preparando "no hay capacidad para absorber a los 8.000 que llegarán desde las islas de manera ordenada". "Nuestros equipos están monitorizando cómo se está llevando a cabo, porque este procedimiento tiene sus preocupaciones", ha añadido.
Además, una vez trasladados, serán cerca de 50.000 las personas en Grecia pendientes de una solución. "Dependerá de la capacidad de la UE para trasladar personas a otros países, de la capacidad de absorción del sistema griego de asilo y de que encontremos alternativas como reubicaciones fuera de la Unión Europea", dice Lepri.
El ACNUR en Grecia centrará su provisión de servicios en esta población y espera suscribir un acuerdo en las próximas horas con el gobierno heleno para poder crear sus propios campos de refugiados, espacios para beneficiarios del programa de reubicación de la Comisión Europea donde además de ofrecer "todos los servicios básicos", apoyarán a estas personas para que "tengan sus expedientes resueltos de manera rápida y eficiente".
PRIORIDAD PARA IDOMENI
"Estamos estudiando también para los afganos y otras nacionalidades cuáles son las posibles soluciones, porque de momento la única que se contempla es que puedan pedir asilo en Grecia, que sus solicitudes sean procesadas y que puedan quedarse en el país, ya que de momento no entran en las cuotas de relocalización", restringidas a sirios, iraquíes y eritreos, conforme ha explicado.
La propuesta del ACNUR es que la gente que ahora acampa en condiciones infrahumanas en Idomeni, junto a la frontera de Macedonia, tenga prioridad de acceso a estos campos de relocalización que aspira a crear, algo que en palabras de Lepri, "contribuiría a descongestionar" esa zona en la que el Gobierno "no ha querido dar una estabilización de la población" facilitando servicios, "aunque les ha dado la posibilidad de moverse".
"Idomeni no es un campo de refugiados, es una situación que se tiene que resolver porque las personas tienen que poder moverse de esa frontera e ir a los campos, donde hay unos servicios que serán mejores o peores, pero que cuentan con alimentación sistemática, agua y saneamiento. El problema es que los campos no se han construido con la celeridad necesaria y no había a dónde trasladar a estas personas, pero ahora se están estableciendo y poco a poco hay gente que está siendo trasladada a otros lugares", ha añadido.
