París - La reforma de la Constitución francesa anunciada por el presidente de la República, François Hollande, tras los atentados del pasado 13 de noviembre, abrió ayer su tramitación parlamentaria con incertidumbre sobre su aprobación, puesto que genera controversia tanto en la izquierda como en la derecha. En particular divide a la clase política la decisión del Gobierno de incluir en la Constitución la retirada de la nacionalidad a los condenados por terrorismo, aunque también el proyecto de inscribir en la Carta Magna el estado de emergencia.
El primer ministro francés, Manuel Valls, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto definitivo de su Ejecutivo, que incluye una enésima versión de la retirada de la nacionalidad, una medida que se considera, ante todo, simbólica y con dudosos efectos prácticos para hacer disminuir la amenaza yihadista. Valls aseguró que su objetivo es “muy concreto: expulsar de forma duradera de nuestro territorio a individuos peligrosos que constituyen una amenaza demostrada”. “Es la respuesta colectiva de los franceses frente a otros franceses que han decidido atentar gravemente contra la vida de la nación; un gesto que marca la unión de todos los que respetan el pacto republicano contra los que lo rompen. No es una forma de separar, sino, al contrario, de afirmar lo que nos une”, dijo.
De hecho, ese argumento de la unidad fue el que hizo valer Hollande cuando el pasado 16 de noviembre, solo tres días después de los atentados de París en los que murieron 130 personas, lanzó ante diputados y senadores reunidos excepcionalmente en Versalles la idea de una reforma constitucional para hacer la “guerra” al terrorismo. En nombre de la unidad nacional, Hollande defendió la retirada de la nacionalidad francesa a los que tengan doble nacionalidad, incluso si han nacido en Francia, y sean condenados por crímenes terroristas, una idea contra la que él se había manifestado públicamente cuando la propuso su predecesor, el conservador Nicolas Sarkozy. Y no solo la defendió, sino que pidió que se integrara en la Constitución, con ocasión de una reforma en la que también se debía introducir una modernización del estado de emergencia, en vigor en Francia desde la noche de los atentados del 13 de noviembre para poder utilizar algunos de sus dispositivos sin poner en peligro el régimen de las principales libertades públicas.
La casi unanimidad que suscitaron en ese momento los anuncios de Hollande, bajo la emoción del zarpazo yihadista, se fue fracturando rápidamente, en particular en las filas de la izquierda y del propio Partido Socialista, donde se elevaron voces contra la discriminación que supondría contemplar la retirada de la nacionalidad para los binacionales.
Para intentar apagarlas, el primer ministro ha estado durante semanas dirigiendo una concertación para limar asperezas, y en particular la principal, establecer diferencias en la pena de la retirada de la nacionalidad entre los que son sólo franceses -a los que no se podría quitar porque se convertirían en apátridas- y los que tienen dos nacionalidades. Su solución final es que en la Constitución no se hará ninguna alusión a que esa sanción solo se podrá aplicar a los binacionales y será no una autoridad administrativa, sino un juez, el que la pronuncie como una pena complementaria.
Pero, paralelamente, Francia ratificará la convención internacional para no crear apátridas, lo que en la práctica significa que no se retirará la nacionalidad francesa a los que no tengan otra.
El primer debate parlamentario ayer puso en evidencia que esas maniobras no han apagado las voces discordantes ni en las filas de la oposición de derechas ni en las de la mayoría de izquierdas. - Efe
