La Casa Blanca aseguró la semana pasada que está ultimando un plan para cerrar finalmente la prisión de la base naval de Guantánamo (Cuba), una promesa pospuesta durante años y que sigue en riesgo de no cumplirse antes de que el presidente, Barack Obama, abandone la Presidencia.
Tras 14 años de existencia, la prisión, un limbo legal creado por la Administración de George W. Bush para encarcelar, interrogar y procesar como combatientes enemigos a presuntos extremistas islámicos, sigue siendo la cárcel para 116 detenidos.
“Estamos en las últimas fases de finalización del borrador de un plan para cerrar de manera segura y responsable la prisión de Guantánamo y presentarlo al Congreso”, explicó el pasado miércoles el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Earnest reiteró que cerrar Guantánamo es una prioridad para Obama, quien considera que el penal en territorio cubano es un dispendio innecesario, empeora la imagen del país y es un recurso para la propaganda terrorista, que ha utilizado la iconografía de Guantánamo (como los uniformes naranjas) en ejecuciones y vídeos.
Con la llegada del nuevo secretario de Defensa, Ash Carter, la Administración estadounidense ha puesto las bases para acelerar las transferencias de presos, pero el Congreso, controlado por los republicanos, ha prometido dificultar esa posibilidad.
rechazo “El pueblo estadounidense y ambos partidos en el Congreso se oponen a cerrar la prisión de Guantánamo y traer peligrosos terroristas a territorio estadounidense”, explicó esta semana Cory Fritz, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
El Congreso podría bloquear los pasos del presidente para acelerar las transferencias, mientras que el plan de la Casa Blanca podría incluir la amenaza del veto presidencial para invalidar la oposición del Legislativo.
Obama ha transferido a la mitad de los 242 prisioneros que permanecían en Guantánamo cuando llegó al poder en enero de 2009 y ahora tiene la intención de acelerar las trasferencias antes de que en enero de 2017 se siente un nuevo presidente en el despacho oval.
En menos de año y medio, el Gobierno estadounidense deberá apresurarse para reducir la población carcelaria de Guantánamo, empezando por los 52 internos que ya han recibido el visto bueno para ser liberados, pero cuya salida se retrasa por la necesidad de acuerdos con terceros países con garantías de que esas personas no se integran en grupos terroristas.
El hueso más duro llegará cuanto más se reduzca el número de presos, especialmente cuando haya que decidir qué hacer con los 54 que han sido declarados peligrosos, pero cuyos casos están tan manchados por la tortura y violaciones procesales que su imputación en un tribunal federal ordinario sería improbable: los llamados eternos prisioneros.
Pero el proceso no es sencillo. El Departamento de Defensa debe obtener garantías de seguridad y avisar con 30 días de antelación al Congreso, que tiene la prerrogativa de bloquear la transferencia.
Y el punto más complicado será cuando las autoridades estadounidenses pasen a decidir qué hacer con la decena de detenidos más peligrosos, los considerados de alto valor y que han sido condenados o están siendo procesados por las comisiones militares de Guantánamo.
Entre ellos se encuentran el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohamed, y cuatro de sus cómplices, así como el autor intelectual del ataque mortal contra el destructor estadounidense USS Cole en 2000, Abdl al Rahim al Nashiri.
Todos están a la espera de que comience su juicio en las comisiones militares de Guantánamo, que podrían condenarles a muerte.
