Atenas - Alexis Tsipras llegó al gobierno griego con la promesa de terminar con la austeridad y desterrar a la troika de Atenas. Tras casi seis meses de negociaciones, un referéndum, un corralito y un último maratón negociador a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona después, se rindió a la evidencia de que claudicar es la única vía para obtener los 7.000 millones que necesita antes del 20 de julio para pagar al BCE y al FMI y esquivar la bancarrota. La decisión frena de momento la salida de Grecia del euro pero Atenas tendrá que aprobar y cumplir un draconiano plan de reformas y recortes, con una supervisión sin precedentes, si quiere iniciar negociaciones para un tercer rescate que no estará en marcha antes de un mes.
“Dije que la situación sería más difícil tras el referéndum. Pero lo que se ha alcanzado es un compromiso. No hay ganadores ni perdedores. No creo que se haya humillado a los griegos ni que otros socios europeos hayan perdido la fe. Es un acuerdo típico europeo”, aseguró ayer el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, evitando polémicas. Lo cierto es que nunca en una negociación europea se había llegado a poner por escrito una amenaza tan contundente como la expulsión temporal de un país de la zona euro. Un tabú roto por primera vez a petición de Alemania y uno de los elementos que más han enrarecido las negociaciones durante todo el fin de semana.
La sugerencia apareció por primera vez en un documento el sábado -la planteó el segundo del ministro Schauble en la reunión el grupo de trabajo del euro- para presionar a Tsipras y se mantenía en el borrador de trabajo que recibieron el domingo los líderes de la Eurozona para disgusto de Francia. Finalmente, y tras diecisiete horas de negociaciones la mención desaparecía del texto. “El plan A se ha cumplido y por eso no necesitamos Plan B”, zanjaba la canciller Angela Merkel como única justificación. Su delegación también exigió un fondo fiduciario al que el gobierno griego deberá trasladar activos públicos para privatizarlos y lograr así hasta 50.000 millones, 25.000 para recapitalizar bancos. El resto para el reembolso de la deuda e inversiones.
Esta exigencia puso la cumbre al borde del fracaso cuando Tsipras y Merkel, al filo de las seis de la madrugada, se levantaron de la mesa con la intención de tirar la toalla. “Fue una discusión difícil. Merkel y Tsipras querían abandonar la sala”, contaban ayer fuentes en el Consejo. Si no lo hicieron fue por la perseverancia del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que intervino para evitar que la sangre llegara al río. “¡Perdonen pero nadie quita esta sala!”, advirtió. El polaco consiguió reconducir la negociación logrando una pequeña concesión para Atenas: que la sede del fondo este en Grecia y no en Luxemburgo como pretendía Berlín aunque sí estará supervisado por las instituciones europeas. “Nada hubiera sido peor que humillar a Grecia. Grecia no quiere caridad sino solidaridad de la Eurozona”, recordaba el presidente galo, François Hollande, cuya relación con Angela Merkel puede quedar muy tocada.
El problema de fondo es que nadie se fía de que Atenas vaya a aplicar las reformas prometidas y por eso el control que piden será férreo y más estricto que nunca, con un calendario muy preciso que obligará al parlamento que lidera Syriza a aprobar las primeras leyes como muy tarde mañana miércoles. Concretamente, en poco más de 24 horas, la cámara tendrá que dar luz verde a cuatro leyes. La primera una reforma del IVA con vistas a aumentar los ingresos, la segunda de las pensiones para mejorar la sostenibilidad a largo plazo, la tercera una normativa para garantizar la independencia jurídica de la oficina estadística griega (ELSTAT) y la cuarta un sistema de recorte del gasto automático en caso de desviaciones presupuestarios. Además antes del 22 de julio tendrán que pasar otras dos legislaciones: la ley de enjuiciamiento civil para acelerar los procedimientos judiciales y reducid costes y la normativa sobre reestructuración y liquidación de bancos.
Si Atenas cumple con este primer requisito y avala el plan, el Eurogrupo celebrará una nueva teleconferencia para autorizar el inicio de negociaciones del tercer rescate y los Estados miembros que deben refrendar la autorización por la vía parlamentaria -Alemania, Finlandia, Holanda, Eslovaquia, Austria y Estonia- harán lo mismo completar el trámite. Según las necesidades identificadas por las instituciones, Grecia necesitará un entre 82.000 y 86.000 millones.
El inicio de negociaciones para un tercer rescate culminará con la firma de un memorándum de entendimiento con condiciones más duras que nunca: despolitización de la administración pública griega, obligación del gobierno heleno de consultar y acordar con las instituciones todos los proyectos legislativos antes de llevarlos a su parlamento, y dar marcha atrás en las leyes aprobadas desde la llegada de Syriza al poder salvo la ley sobre la crisis humanitaria. Una negociación que requerirá, según explicó ayer Dijsselbloem, y si Grecia cumple con el camino marcado entorno a cuatro semanas.
Antes de eso, no obstante, la urgencia es encontrar 7.000 millones de euros para pagar las deudas al FMI y el BCE el 20 de julio y otros 5.000 millones en agosto. Esta previsto que los técnicos de las instituciones preparen hoy un listado con posibles opciones para aprobar un crédito puente aunque fuentes cercanas a la negociación admiten que no será fácil. “No veo muchos países dispuestos a dar dinero sin condiciones”, advirtió ayer el ministro finlandés, Alex Stubb. Un problema, según fuentes cercanas a la negociación, que podría todavía hacer descarrilar la negociación.
Fondo de privatizaciones. No había estado sobre la mesa hasta ahora. Grecia debe crear un fondo por un valor de 50.000 millones de euros al que Grecia transfiera sus activos privatizables y cuyos beneficios se utilicen para reducir la deuda. La mitad se destinará a la recapitalización bancaria. Otro 25% servirá para ir reduciendo la deuda y el 25% restante para proyectos de inversión productiva, una concesión de última hora a Grecia para acatar este instrumento.
Pensiones. Elevar la edad de jubilación a 67 años y congelar las pensiones hasta 2021.
Mercado laboral. “Revisiones rigurosas” de la negociación colectiva, la acción sindical y los despidos colectivos.
Energía. Grecia tendrá que comenzar con la privatización de la red eléctrica a no ser que se encuentren medidas alternativas con un efecto equivalente.
Banca. Europa pide “medidas decisivas” en los créditos con riesgo de impago.
Administración. El Gobierno de Alexis Tsipras acepta poner en marcha un programa para “dotar y despolitizar la Administración griega”.
