ginebra - La situación de unos 5 millones de ucranianos que viven en el este del país es “desesperada” y se exacerba por la decisión gubernamental de cancelar todos los servicios sociales, es por ello que la ONU solicitó ayer a Kiev que restablezca su presencia efectiva en los territorios rebeldes. “Mucha gente, incluyendo aquellos que están retenidos contra su voluntad en áreas bajo control de los grupos armados, tienen problemas reales para sobrevivir”, alertó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. “El Gobierno de Ucrania sigue siendo responsable de proteger los derechos humanos de todos los ucranianos, incluyendo el derecho a la salud, la educación, y la seguridad social en todo el territorio, inclusive en áreas que no controla totalmente. Urjo al Gobierno a considerar minuciosamente el impacto humano de su decisión”, agregó.
Estos comentarios de Zeid se incluyen en el comunicado de prensa que su Oficina ha distribuido en paralelo a la publicación del octavo informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania. El documento hace especial hincapié en las condiciones de vida de las personas que permanecen en las regiones orientales del país, donde residen al menos 5 millones de personas que “tienen dificultades reales para poder sobrevivir”. “La situación de las personas que dependen de la protección del Estado, o dependen de sus servicios, y que no han podido o no han querido trasladarse hacia áreas controladas por el Gobierno central y donde esos servicios se ofrecen es de gran preocupación”, señala el informe.
El informe recuerda que los rebeldes prorrusos organizaron unas ‘elecciones’ el pasado 2 de noviembre en las áreas bajo su control, y el Gobierno ucraniano respondió anulando todos los servicios que provee el Estado en las zonas en conflicto.
El texto recuerda que esta decisión ha exacerbado la situación de vulnerabilidad de las personas en el este, dado que han desaparecido servicios esenciales como la salud, la educación y la asistencia social.
El Gobierno dio de plazo hasta el 31 de diciembre para que las personas que viven en zona rebelde se inscriban en zonas controladas por el Estado para poder obtener dichos servicios. El director de la Oficina para las Américas, Europa y Asia Central, Gianni Magazzeni, explicó que muchas personas no quieren abandonar los territorios controlados por los rebeldes, pero que muchas otras, “simplemente no pueden”. “Hay que entender que las personas están atrapadas contra su voluntad. Que los rebeldes les impiden salir, huir. Nosotros sabemos que mucha gente querría abandonar dichas áreas pero no pueden, están retenidos como rehenes”, explicó.
