“Es una tragedia que rasques en cualquier parte de México y aparezcan fosas clandestinas”

¿Qué ha supuesto este caso para la sociedad mexicana?

-Para los organismos de derechos, que haya desaparecidos, colusión entre la policía y el narcotráfico, impunidad y una reacción tardía frente a hechos como estos no es sorprendente. Desde 2006 hemos venido documentado un incremento exponencial de las violaciones de derechos humanos vinculadas con la política de seguridad que adoptó el Gobierno federal. Sin embargo, a nivel social, es un caso que está generando una especie de punto de inflexión. La sociedad empieza a exigir justicia y verdad frente a los casos de desaparición.

¿Por qué con este caso?

-Porque el caso Ayotzinapa ocurre con mucha cercanía a otro caso de ejecución extrajudicial de 15 personas en Tlataya, en el Estado de México. Se explica también porque las víctimas son estudiantes jóvenes, lo que dificulta más su estigmatización, que ha sido la constante del Gobierno en estos hechos. Hay una reivindicación social más contundente al ser las víctimas estudiantes, en un país donde las masacres estudiantiles tienen un peso específico en la historia. Se explica también por la cercanía de Iguala con el Distrito Federal, y sin duda por el número de víctimas y por lo flagrante que es la colusión entre el crimen organizado y las autoridades.

¿Empieza la sociedad a movilizarse por los desaparecidos?

-No es la primera vez que un hecho así genera una reacción social frente a este clima de violencia. Ya en el 2011 hubo un despertar social muy importante en torno al movimiento del poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado. Lo de Iguala, sumado al despertar de los jóvenes durante las elecciones de 2012, podría generar una respuesta social más organizada, pero lo cierto es que hay otra amplia capa de mexicanos de clase media alta que vive con mucha indiferencia estas crisis de derechos humanos, o que las conciben solo como violencia protagonizada por el narcotráfico y no alcanzan a ver la profunda implicación del estado. En la capital del país, donde se deciden muchas cosas, no se vive el clima que hay en Guerrero.

¿Cómo es posible que un alcalde, el de Iguala, actúe con esa impunidad?

-Es impensable que esa colusión entre narcos e instituciones en los municipios se dé sin complicidades de otros niveles de gobierno, como el estatal y desde luego el federal. En el caso particular de Iguala, hoy es público que existían denuncias previas, pero este tipo de denuncias no se investigan porque hay un problema estructural de falta de autonomía de las fiscalías, que se traduce en que el ejercicio de la acción penal en contra de políticos queda en función de qué partido político detenta el ejecutivo en el estado o en la federación.

México se encuentra en una situación crítica. Desde 2006 ha ido aumentado la violencia y las violaciones de derechos humanos. ¿Cómo se llega a esta situación?

-Hay una explicación de corto plazo y una de largo. La de largo plazo es que la alternancia en el Gobierno federal después de 70 años de predominio de un solo partido no vino aparejada de ningún proceso de justicia transicional que implicara el juzgamiento y el esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos. En este régimen de partido único, la desaparición forzada se practicó sistemáticamente, sobre todo en los 70, y, sobre todo, en Guerrero, y ese cúmulo de violaciones de derechos humanos quedaron impunes. Al no haber ningún mecanismo efectivo de justicia transicional se sembraron las condiciones para que este tipo de violaciones a derechos humanos no solo se repitieran, sino que se socializaran.

¿Y a corto plazo?

-Tiene que ver con la política de seguridad que en el marco de la guerra contra las drogas, que con el auspicio de EEUU, impulsó de manera muy irresponsable el Gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012, que desató una ola de violencia en todo el país y que ahora, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se ha reproducido. Si bien el Gobierno federal ha realizado algunas modificaciones discursivas para hablar menos en términos bélicos, la estrategia sigue siendo la misma y los resultados están a la vista.

Sin embargo, el presidente ha presumido de una disminución de la violencia durante su mandato, ¿realidad o maquillaje de cifras?

-Hubo mucho debate al respecto y la realidad se ve en el estado de Guerrero. Ahí, el número de homicidios, lejos de disminuir, se ha mantenido constante e incluso ha aumentado. El otro gran tema es que mucho se habló de la disminución de la tasa de homicidios como indicador de la disminución de violencia, pero poca atención se ha prestado a la crisis de desapariciones. En México pueden desaparecer poblaciones enteras sin que pase nada. No haber atendido esa situación también explica que se haya detonado una crisis como esta. El Gobierno de Peña Nieto se han centrado más en promover la inversión extranjera que en atender estos graves problemas estructurales de falta de Estado de derecho, de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos, de colusión del narco con las autoridades, que son las que están carcomiendo al estado mexicano.

Peña Nieto sostiene que el PRI ha cambiado, que no es el mismo partido que gobernó durante 70 años. ¿Cómo lo ve usted?

-Es el PRI de siempre. Los grupos más afines en torno a la presidencia de Peña Nieto vienen de estados de la República, como el Estado de México, donde el PRI ha gobernado continuamente, sin ningún tipo de alternancia, durante más de 80 años, donde ha podido designar quién ocupa la procuraduría y el poder judicial. El PRI mantiene además un control férreo sobre la prensa; es decir, el priísmo que hoy ocupa la presidencia es un priísmo que nunca estuvo expuesto a un entorno democrático.

¿Por qué ese nivel de violencia en Guerrero?

-Por la pobreza, por la persistencia de un gobierno autoritario que se apoya sobre todo en poderes regionales y locales no formales, que son los caciques, por la corrupción que hay allí y porque ahí ha habido una sociedad que ha sabido exigir sus derechos cuando ha sido necesario.

¿Cuándo entran en escena los cárteles?

-Guerrero fue una zona de siembra de marihuana en la década de los 70. Muchos consideramos que en las regiones donde comenzó esa siembra fueron regiones con mucha presencia del Ejército en el marco de las campañas contra la guerrilla. Otros explican el auge de la siembra de enervantes en el desplome de los precios de las siembras tradicionales, sobre todo el maíz, un desplome que fue potenciado con la apertura comercial que implicó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994. Más recientemente, con la fragmentación de los grupos del narcotráfico, han ido proliferando pequeños cárteles locales o regionales mucho más violentos, que se mueven más en una dinámica de control territorial, ya no solo para la siembra de enervantes, sino también para secuestros, extorsión...

¿Cuántas personas desaparecidas hay en México?

-Las cifras de organismos de la sociedad civil apuntan a unas 25.000. Lo cierto es que no hay un registro confiable, que las procuradurías, sobre todo las de los estados, tienden a hacer un subregistro de estos casos. No hay un reconocimiento oficial del problema, en el discurso oficial ni siquiera se habla de personas desaparecidas, sino de personas no localizadas.

A pesar de la notoriedad del caso Ayotzinapa, ¿sigue sin haber voluntad de hacer una política en torno a las desapariciones?

-Exactamente, desde que los hechos de Iguala comenzaron a cobrar una mayor visibilidad, el Gobierno federal volcó los recursos para esclarecer este hecho, pero esto no ha implicado el reconocimiento de que no se trata de un hecho aislado.

Los familiares han consultado a un equipo forense independiente para que analice los restos que se han ido encontrando, ¿no se fían de la investigación oficial?

-Así es. En México no tenemos una instancia de servicios periciales del estado autónoma. Los servicios periciales dependen de fiscalía general, fiscalía que no tiene autonomía frente al Ejecutivo. La procuraduría es un a cargo de confianza del presidente. Con ese contexto y con muchos antecedentes de manipulación de evidencia, los familiares están reacios a dejar que el resultado forense definitivo sea el de los peritos oficiales.

¿Se va a a investigar la identidad de los restos hallados y que ya se ha descartado que pertenezcan a los estudiantes de Ayotzinapa?

-Ese tema es fundamental. Los familiares de los muchachos señalaron lo terrible que es que en México fuera una buena noticia que se encontraran 28 cuerpos en una fosa clandestina y que no fueran de los estudiantes. Es que es una tragedia que en México le rasques a cualquier parte del territorio y aparezcan fosas clandestinas. Familiares de personas desaparecidas de todo Iguala se han acercado a los peritos argentinos y les han pedido que les tomen las muestras. Versiones no oficiales afirman que en Iguala hay 300 desaparecidos, sin contar a los normalistas. Esta es la tragedia, cada vez que hay un hallazgo de una fosa clandestina en México, se ven decenas de familias que van recorriendo los servicios forenses en busca de ver si se trata de sus familiares.

¿Por qué no se atiende el problema? ¿Es desidia, colusión o qué es?

-Sin duda que hay actores políticos que se benefician. Hay un entramado muy complejo de impunidad y seguramente en algunos cuadros altos habrá desidia y falta de reconocimiento del tamaño de la crisis. Pero en un país donde la desaparición de 43 estudiantes no se resuelve en más de un mes te habla también de un problema estructural mucho más grave, de falta de capacidades institucionales para investigar, de desconfianza de la sociedad frente al estado, de corrupción, de impunidad, que seguramente no se explica en razón de la desidia o la negligencia individual de algunos sujetos o actores políticos. Incluso si fuera cierta la versión oficial, estaríamos hablando de que un grupo de jóvenes de 19-20 años habría ejecutado a varias decenas de jóvenes para luego calcinar sus cuerpos y desaparecer los restos. Lo que e so te habla en términos de descomposición del tejido social es de tal magnitud que tampoco se explica en la desidia de unos cuantos. En realidad es una crisis de enormes proporciones que está saliendo a la luz y que si no se atiende, el año que entra o en dos tres años vamos a tener más Igualas, más alcaldes Abarca.