Una historia de violencia

Los sucesos de Iguala han sacado a la luz el drama de los desaparecidos, una tragedia que sufren en silencio miles de familias mexicanas cada día. A su llegada al poder, Enrique Peña Nieto dio a conocer por primera vez una lista oficial de 26.121 desaparecidos entre 2006 y 2012. No se ha sabido nada más del tema desde entonces. Se desconoce cuántas personas continúan en paradero desconocido o cuántas más se han sumado a la triste lista, porque las autoridades siguen ignorando la problemática.

Los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, no pierden la esperanza y han organizado una caravana nacional que confluirá en la capital el 20 de noviembre, día en el que se conmemora la Revolución mexicana, para exigir a las autoridades que se centren en la búsqueda de sus hijos con vida. El equipo forense argentino que realiza un análisis independiente de los restos hallados en Iguala dio a conocer el pasado miércoles sus primeras conclusiones: 24 de los 30 cuerpos hallados en seis fosas comunes una semana después de las desapariciones no pertenecen a los jóvenes de Ayotzinapa. Quedan por analizar otros 15 cuerpos, así como restos calcinados hallados en el basurero y el río San Juan de Cocula, pero esta información inyectó una nueva dosis de esperanza a los padres de los estudiantes.

¿A quién pertenecen entonces esos 24 cuerpos? Desgraciadamente, estas no son las primeras fosas comunes que aparecen en México en los últimos años; tampoco es el primer hallazgo sobre el que no se realiza una investigación. Y es que si hay un denominador común en toda esta barbarie, ese es la impunidad. La impunidad es el gran cáncer que corroe México y que ha sobrevolado sobre los casos de feminicidios, las masacres de inmigrantes centroamericanos, las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales, la represión estatal, las matanzas de los grupos criminales que han sembrado de cadáveres el país en los últimos ocho años...

“México pareciera ser el país de la impunidad”, concluye Lorenzo Meyer, historiador y académico mexicano, durante un debate entre expertos dirigido por la conocida periodista Carmen Aristegui en su programa de radio. Sobre la respuesta del presidente, Enrique Peña Nieto, a la crisis generada por la desaparición de los 43 normalistas, Meyer apunta que “el país necesita un diagnóstico de lo que está pasando en el país y qué es lo que piensa hacer el presidente”. Sin embargo, el mandatario se ha limitado a lamentar y condenar los hechos y a prometer que no habrá impunidad en este caso. Para Denise Dresser, académica, periodista y escritora, estas palabras suenan “huecas”. “Enrique Peña Nieto habla de este tema como si fuera un ciudadano y no el presidente del país, con la obligación política de combatir la impunidad, como si fuera algo que el priísmo no hubiera inaugurado, como si el PRI no hubiera contribuido a crearla. Hasta que no empiece la limpieza en casa, la promesa de acabar con la impunidad suena a promesa hueca”.

Estrategia de seguridad Los analistas coinciden en señalar varios fallos en la estrategia de seguridad de los dos últimos Gobiernos para explicar la situación de violencia actual, que vive su máximo exponente en Guerrero, el estado con el índice de homicidios más alto del país -cuadruplica la media nacional-. “En el año 2000, México venía de ser un estado que era un partido, el PRI. Los grupos criminales pasaron de estar controlados por esa pirámide que era el PRI a pasar a una transición política mal habida y mal concebida, una transición que se inició sin instituciones de control de los partidos, de las administraciones, ni mucho menos del sector privado. Así pues, los diferentes grupos criminales fueron controlando paulatinamente a los diferentes pedacitos del estado”, explica Edgardo Buscaglia, experto internacional en Seguridad.

Felipe Calderón llegó al poder seis años después de la caída del PRI y emprendió la mayor ofensiva contra el crimen organizado que el país recuerde, una guerra que dejó 70.000 muertos y 26.000 desaparecidos durante su sexenio, el crimen organizado fracturado y acusaciones de violaciones de derechos humanos contra su Gobierno. “La estrategia de seguridad de Calderón y Peña Nieto se ha centrado en el ataque a los capos de los cárteles. De acuerdo a su segundo informe de Gobierno, ya llevan 86 de los 122 capos detenidos, pero en la misma semana que detienen a Héctor Beltrán Leyva suceden los acontecimientos de Iguala, causados por una de las ocho escisiones que ha tenido el cártel de los Beltrán Leyva”, explica Sergio Aguayo, profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, en la tertulia de Aristegui.

“Hay una verdadera fragmentación de los cárteles, pero al mismo tiempo lo que está sucediendo en Iguala es una confirmación del descuido del Gobierno federal y de la clase política a lo que pasa en los municipios. Los municipios se han convertido en el talón de Aquiles, en el flanco más débil de la estructura democrática porque han sido dejados al ataque despiadado de los depredadores del presupuesto. Los servicios de inteligencia del Gobierno han demostrado su capacidad para rastrear a los capos y su profunda incapacidad para detectar las fallas estructurales en el municipio, es decir, hay municipios que son foco rojo y que están siendo desatendidos y uno de ellos es Iguala”, agrega Aguayo.

Desde que Peña Nieto llegó al Gobierno ha presumido de una disminución de las cifras de violencia en el país, sin embargo, Lorenzo Meyer deja claro que “no hay una disminución de las acciones de crimen organizado, no hay una disminución del envío de droga de México a Estados Unidos, lo que hay son estructuras más pequeñas, como Guerreros Unidos -autores de la desaparición de los 43 estudiantes-”. Los grandes cárteles conviven ahora con pequeños grupos criminales que se han ido adueñado de municipios enteros. Este es el caso de Iguala, donde el alcalde y los cuerpos de seguridad tenían estrechos vínculos con el crimen organizado. El ataque al grupo de estudiantes partió del regidor José Luis Abarca, acusado ahora de seis cargos de homicidio agravado y un cargo de intento de homicidio, y perpetrado por policías y criminales de forma coordinada. El delito de los jóvenes: tratar de reventar un mitin de la primer dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda, con aspiraciones a la alcaldía y un largo historial de vínculos familiares con los hermanos Beltrán Leyva. “En Guerrero, si antes los grupos criminales sugerían quién debía ser el jefe de la policía, ahora ordenan su nombramiento, pues el control se extendió a los gobernantes”, asegura el diario mexicano El Universal.

Fragmentación La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) reconoce la existencia de nueve grandes cárteles en México: del Golfo, del Pacífico o Sinaloa, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el cártel Nueva Generación de Jalisco. En Guerrero operan cuatro, convirtiéndose en el estado que mayor número de organizaciones criminales tiene en su territorio, “pero además en células pulverizadas que han migrado del narcotráfico a la extorsión y el secuestro”. Al menos 26 de los 88 grupos criminales que hay en estos momentos en el país operan en Guerrero, el segundo mayor productor de marihuana y amapola y un punto estratégico en la ruta de la droga, debido a su ubicación geográfica.

Según El Universal, “la violencia se incrementó -precisamente- por la disputa del territorio derivado de la escisión de los cárteles”. Guerrero es ahora la entidad más violenta de México, y Acapulco, antiguo balneario turístico de la elite de Hollywood, no ha escapado a esta barbarie. El estado representa todos los males que padece el país, un cóctel explosivo de caciquismo, desigualdad social, pobreza -el 70% de sus habitantes viven en esta condición-, corrupción, impunidad, lucha guerrillera y represión brutal han hecho de este estado un foco de conflictos permanente a lo largo de la historia. Algunas causas de esta violencia no son nuevas, entre ellas la pobreza y la exclusión estructural, así como la tradición arraigada de cacizazgo represivo. Y es que en Guerrero han tenido lugar graves violaciones a los derechos humanos conocidas internacionalmente, como la masacre de Aguas Blancas de 1995, un crimen de Estado perpetrado por policías a las órdenes de un político del PRI -un total de 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados cuando se dirigían a un mitin político-.

Guerrero es una de las zonas con más tradición de violencia política; ahí emergieron, producto del cacicazgo y la explotación, los primeros grupos guerrilleros en los 70. Lucio Cabañas fue uno de los líderes más destacados de la época. Alumno de la Normal de Ayotzinapa, el dirigente guerrillero es un ejemplo para los alumnos de esta escuela fuertemente ideologizada y que forma a maestros rurales para las poblaciones más excluidas del país. Queda claro que su ideario, sus reivindicaciones y las acciones de sus comprometidos estudiantes siguen incomodando hoy en día a los caciques locales.

Pero en los últimos años, a este histórico conflicto, se ha unido un ingrediente brutal: los grupos criminales, que se lucran no solo del negocio de las drogas, sino también de la trata de personas, la extorsión y el secuestro, y que trabajan codo con codo con las autoridades locales corruptas. Edgardo Buscaglia advierte de que “el 70% de las campañas electorales mexicanas están financiadas por grupos criminales”.

Lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala ha sobrecogido a la sociedad mexicana, pero no es un hecho aislado. Enrique Peña Nieto tiene una complicada tarea para los próximos cuatro años: salvar a México de la abismo, pero para ello hace falta mucho compromiso y voluntad política.