méxico - El presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió ayer a la Gendarmería, la nueva fuerza de choque contra el crimen organizado, a Iguala, la ciudad de 130.000 habitantes conmocionada por el ataque indiscriminado a un grupo de 80 estudiantes de Magisterio con un saldo de seis fallecidos y 43 desaparecidos. Un total de 22 policías locales han sido detenidos por coordinar la barbarie con sicarios del cártel Guerreros Unidos, mientras que el alcalde, José Luis Abarca Velázquez, y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, autores intelectuales del ataque, están en paradero desconocido. También lo está la primera dama, una de las principales aspirantes a la alcaldía en 2015 y con un largo historial de vínculos con los hermanos Beltrán Leyva, antiguos pesos pesados del narcotráfico en México.

Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), divulgado ayer por el diario El Universal, detalla tanto los vínculos del alcalde de Iguala con el narcotráfico como con el ataque a los estudiantes. Según este documento, “gracias a los nexos de su esposa, suegra y cuñados con el extinto Arturo Beltrán Leyva, Abarca Velázquez pudo levantar en pocos años una fortuna considerable”. La primera dama, María de los Ángeles Pineda, es hermana de Mario y Alberto Pineda, operadores del cártel de los Beltrán Leyva y ejecutados en 2009, e hija de María Leonor Orduño, “quien también se encuentra relacionada con Arturo Beltrán Leyva, dado que fungió como su operadora”.

José Luis Abarca Vázquez pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a un acaudalado comerciante de joyas. Su fortuna, según la prensa mexicana, le permitió sufragar en 2011 una costosa campaña electoral en favor del hoy gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y, un año después, la suya propia. Al parecer, Abarca conquistó la candidatura a golpe de chequera y así también logró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), una de las principales formaciones del país, le incorporara a sus listas. Según el informe del Cisen, “el alcalde logró sobornar a las dirigencias estatal y nacional del PRD a través de diversos mecanismos, como la entrega de dinero en efectivo”.

Llama la atención también un suceso ocurrido el 30 de octubre de 2013. Entonces, ocho miembros de Unidad Popular de Iguala, organización social opositora al alcalde, fueron secuestrados por un comando. Tres de ellos fueron ejecutados. Nicolás Mendoza Villa, uno de los secuestrados que logró escapar, acusó al alcalde de los hechos y también de haber dado muerte personalmente al dirigente del PRD Arturo Hernández Cardona. No hubo investigación.

La mafia Antiguos colaboradores del Chapo Guzmán, el declive de los hermanos Beltrán Leyva en 2009 dio pie al surgimiento de subgrupos violentos como Guerreros Unidos, que ha implantado su terror en varias ciudades de Guerrero como Iguala. Tenían como aliado al alcalde y bajo su mando, a una treintena de policías locales -los cárteles financian las candidaturas de los alcaldes y cuando ganan se ven obligados a entregar a esos grupos algunas posiciones dentro del Gobierno local, incluidas las policías-.

Sobre lo ocurrido el pasado 26 de septiembre, el Cisen establece que tras realizar una manifestación en Iguala, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, con un fuerte activismo de izquierdas, pretendían asistir a un acto de la primera dama. Por este motivo, el alcalde ordenó a su secretario de Seguridad Pública que implementara un operativo para impedir que los estudiantes llegaran al evento. Decenas de policías se desplegaron en la zona, lo que derivó en un enfrentamiento físico y verbal, tras el cual, los estudiantes se dirigieron a la central de autobuses. Allí tomaron ilegalmente tres vehículos para regresar a sus casas, a 123 km.

Sin embargo, Felipe Flores ordenó que se les detuviera. Al menos seis patrullas les cerraron el paso y abrieron fuego contra los estudiantes desarmados. El saldo fue de tres muertos -uno de ellos fue torturado; le arrancaron los ojos y le desollaron la cara- y más de 18 heridos. Según el informe, algunos normalistas lograron escapar en otro autobús, pero fueron perseguidos por los policías. El resultado: otros tres fallecidos y 43 desaparecidos. La investigación establece que al menos una veintena de estudiantes fueron detenidos y entregados a los criminales. Dos sicarios arrestados han confesado que ejecutaron a 17 de ellos. El hallazgo, este fin de semana, de seis fosas clandestinas con 28 cuerpos calcinados ha despertado los temores de los familiares, que exigen saber el paraderos de sus seres queridos. Sin embargo, habrá que esperar unos días a las pruebas de ADN para saber si se trata de los jóvenes normalistas. Mientras, sus compañeros prometen más acciones.