WASHINGTON. El gobernador de Texas, Rick Perry, ha pedido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que autorice el envío de 1.000 efectivos de la Guardia Nacional del estado para ayudar a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza.

El objetivo es frenar las entradas ilegales a lo largo de los 2.000 kilómetros de frontera entre Texas y México, como medida disuasoria y para no descuidar la lucha contra el crimen transfronterizo.

Obama, que como comandante en jefe de la Unión debe autorizar despliegues de fuerzas estatales con fondos federales, ha dicho que estaría dispuesto a aceptar el despliegue de militares en la frontera solo como medida temporal y siempre que se apruebe una partida presupuestaria para atender a los menores inmigrantes.

"Estamos listos para responder a la llamada de nuestras autoridades civiles", explicó en entrevista con Efe el portavoz de de las Fuerzas Militares de Texas, el mayor Travis Walters.

Ésta no sería la primera vez que Obama ordena el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, algo que ya hizo entre 2010 y 2011, con el despliegue de 1.200 militares entre San Diego (California) y Brownsville (Texas).

Previamente, entre 2006 y 2008, George W. Bush ordenó la Operación Jump Start, que desplegó a 6.000 miembros de la Guardia Nacional, un movimiento que fue visto como la primera gran militarización de la región fronteriza.

Según una auditoría ordenada por el Congreso en 2011, esas dos operaciones militares costaron 1.350 millones de dólares, con los que se comenzaron a utilizar por vez primera vez drones aéreos de vigilancia, se levantaron más vallados y se apostó a militares armados a lo largo de la línea fronteriza.

La motivación principal en aquellas dos ocasiones fue el temor a que la violencia de los cárteles se extendiera a las regiones fronterizas de EE.UU. y que aumentara el tráfico ilegal de drogas, armas o personas; hoy, el miedo es la oleada de menores centroamericanos que cruzan solos con la intención de entregarse.

El congresista republicano por Texas Louie Gohmert ha llegado a sugerir que el uso de la fuerza militar está justificado en esta situación que definió como invasión, ignorando a aquellos que llaman a esta crisis migratoria una emergencia humanitaria.

Gohmert la prefirió llamar "invasión en masa", "una amenaza a nuestra propia existencia" y por ello el Congreso tiene la autoridad para llamar al Ejército.

Desde octubre han llegado más de 57.000 menores solos e indocumentados con la esperanza de reunirse con familiares en Estados Unidos y de recurrir a las salvaguardas legales existentes en el país que protegen a niños que piden asilo por miedo a ser víctimas de la violencia o de la explotación.

La avalancha ha desbordado a la Patrulla Fronteriza, que mantiene una fuerte presencia de más de 9.700 agentes en Texas, casi la mitad de los 21.000 de todo el país, y advierte que está descuidando operaciones de lucha contra el narcotráfico u otro tipo de delincuencia.

"La Guardia Nacional puede llenar ciertos vacíos de las agencias federales y estatales, como la capacidad de proveer vigilancia aérea nocturna, así como comunicación y coordinación en tiempo real para los agentes sobre el terreno", explica Walters.

La "Fuerzas Militares de Texas", nombre que da el estado a su Guardia Nacional, nacida a comienzos del siglo XIX cuando este estado era una república recién independizada de España y México, pueden aportar equipos de alta tecnología.

El "Ejército Tejano" dispone de aviones no tripulados o "drones" Predator y helicópteros para realizar misiones de vigilancia en operaciones de lucha contra el narcotráfico.

"La misión dual de la Guardia Nacional (despliegues ordenados por el gobierno federal o el estatal) nos permite estar muy bien entrenados", según Walters, quien recuerda que las guerras de Irak y Afganistán, donde este cuerpo militar heredado de la época de las colonias ha servido, los sitúa ahora "en el más alto nivel de preparación en décadas".

Congresistas y senadores demócratas consideran que desplegar a la Guardia Nacional en la frontera no ayudará a aminorar esta crisis humanitaria, ya que los que cruzan el río Bravo tienen intención de entregarse a las autoridades nada más llegar y confiar en que puedan quedarse por motivos humanitarios.

La mayoría de los centroamericanos que esperan para cruzar dan por hecho que serán capturados y solo esperan a que el tiempo y las garantías legales a las que tienen derecho jueguen en su favor.